En un comunicado enviado en septiembre, Fernando Grande-Marlaska, Ministro del Interior, notificó a Antònia Estarellas, consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, que desde febrero aviones de Frontex están monitoreando el mar balear como parte de sus operaciones en el sur del Mediterráneo.
Alfonso Rodríguez, delegado del Gobierno en las Islas, ha reafirmado que es un hecho irrefutable que las aguas baleares están bajo la vigilancia de Frontex. Rodríguez ha criticado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, y al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, por malinterpretar las palabras del portavoz de Frontex, Chris Borowski, quien aclaró que aunque España no solicitó un despliegue específico, sí requirió apoyo en vigilancia aérea.
«No hay contradicción», insistió Rodríguez, destacando que esto es coherente con las declaraciones previas del Ministerio del Interior y sus propias palabras en el Senado. Además, acusó al Govern de manipular la crisis migratoria para desviar la atención de problemas como la vivienda y el turismo excesivo, y de intentar hacer creer que el incremento migratorio es culpa del Gobierno central.
Por último, Rodríguez desmintió que Frontex devuelva pateras a su origen, explicando que su labor es localizarlas y coordinar su traslado a puertos seguros. Rechazó cualquier sugerencia de renuncia y se mostró firme en su posición: «Sólo falta que pida mi cese el ujier de la sede del PP», concluyó.