El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha avanzado este miércoles que la Secretaría de Estado de Seguridad acometerá una “revisión extraordinaria” de los protocolos internos frente al acoso sexual y la violencia de género en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El objetivo es aclarar por qué la agente que ha denunciado por una presunta violación al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González, optó por no recurrir a ese cauce interno y decidió acudir directamente a la vía judicial.
Grande-Marlaska ha realizado este anuncio durante su comparecencia en la comisión de Interior del Congreso, después de que los portavoces de PP, Vox, ERC y Unión del Pueblo Navarro le reclamaran explicaciones por el “escándalo” derivado de la denuncia contra el que fue hasta la semana pasada el máximo mando uniformado de la Policía Nacional.
“Es evidente que algo falla si la víctima no utilizó estos protocolos por la razón que fuera. Y por lo tanto, vamos a revisar los aspectos del sistema que sean necesarios con la intención de determinar por qué una policía agredida renunció a denunciar de inmediato el ataque que sufrió”, ha señalado el ministro.
El titular de Interior ha subrayado que estos procedimientos internos han demostrado su eficacia y que, de hecho, se han puesto en marcha en otros casos similares dentro de las Fuerzas de Seguridad. No obstante, ha precisado que, dada la gravedad de los hechos atribuidos al ex número dos de la Policía, se ha decidido impulsar esa revisión extraordinaria.
Ha recordado además que estos protocolos ya se someten de forma periódica a “revisiones y actualizaciones internas”, pero que en esta ocasión han considerado imprescindible que la Secretaría de Estado de Seguridad, dirigida por la que fuera secretaria de Estado de Igualdad, Aína Calvo, lidere personalmente ese examen adicional.
“Queremos saber con precisión qué ha ocurrido en este caso y detectar posibles carencias en nuestros protocolos de actuación ante situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo, género, orientación o identidad sexual y corregirlas de inmediato para que hechos tan graves no vuelvan a producirse”, ha enfatizado Marlaska.
Críticas de la oposición y peticiones de dimisión
Desde el Grupo Popular, el diputado Ángel Hernández ha exigido responsabilidades por lo que considera “el ataque más grave que ha sufrido la Policía Nacional en toda su historia” y ha acusado al ministro de permanecer “oculto para no dar explicaciones” sobre la “presunta violación por parte, nada más y nada menos, que del jefe de todos los uniformados”.
Según Hernández, “no ha explicado si lo sabía o si lo sabía y lo ocultó, y cómo pudo forzar la continuidad de su íntimo colaborador. Porque después de lo conocido, si usted no lo hubiese mantenido, no hubiera habido tal violación. Y eso implica la asunción inmediata de responsabilidades y dar explicaciones”.
En la misma línea, el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro ha cargado contra el ministro por “el hito repugnante de haber conseguido que por vez primera en la historia de la democracia española, el DAO de la Policía sea un presunto agresor sexual”.
Gil Lázaro le ha reprochado que prolongara la “edad activa” de su “hombre de confianza” introduciendo esa decisión “de rondón” en un decreto de ayudas por la dana de Valencia y que se permitiera “revictimizar” a la agente “creando sobre ella la presión” de decidir sobre la continuidad del mando en el puesto. A su juicio, si a Grande-Marlaska le quedara un “mínimo de decencia política” ya habría presentado su dimisión.
También Alberto Catalán, de Unión del Pueblo Navarro (UPN), ha reclamado la salida del ministro, al que ha acusado de “incompetencia, inutilidad e indignidad” ante el “vergonzoso escándalo” protagonizado por “su protegido”, en alusión al exDAO.
Incluso ERC, socio parlamentario del Gobierno, ha puesto el foco en este asunto. El diputado Francecs-Marc Álvaro Vidal ha pedido a Marlaska más información sobre un episodio que, según ha dicho, “ha consternado a la sociedad” y repercute en la “reputación” del Ministerio del Interior y en la confianza en los mecanismos de control sobre los altos mandos policiales.