El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha indicado este miércoles que la vía más ágil para que el joven malagueño Manuel José García Caparrós, muerto por un disparo de la Policía durante una manifestación en diciembre de 1977, sea reconocido como víctima, pasaría por un cambio urgente en el Congreso de la Ley de Memoria Democrática de 2022. Con la normativa vigente, ha recalcado, no es posible considerarlo víctima de terrorismo ni de la represión franquista.
Durante su intervención en la Cámara Baja, en una comparecencia relacionada con la baliza V16 exigida por la Dirección General de Tráfico (DGT), Marlaska ha respondido a la cuestión planteada por el portavoz de Izquierda Unida y representante de Sumar, Enrique Santiago, sobre la decisión del Ministerio de Interior de denegar al joven sindicalista la condición de víctima del terrorismo, al entender que su caso no encaja en la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de Víctimas del Terrorismo.
La directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Montserrat Torija, ya trasladó esta postura a la familia mediante una carta a la que tuvo acceso Europa Press, en la que califica los hechos en los que falleció Manuel Jesús García Caparrós como “execrables”, recordando que la misión esencial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debe ser “proteger a los ciudadanos”.
Víctimas de la Policía y límites de la ley antiterrorista
Marlaska ha precisado que la norma de 2011 sobre reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo contempla a “cualquier víctima de un grupo que intenta poner en tela de juicio, los valores democráticos”, es decir, de una organización terrorista armada.
En este contexto, ha recordado que “hace dos o tres años” se otorgó la condición de víctima del terrorismo a Vicente Cuervo, también asesinado en una manifestación en 1980, pero en su caso por un grupo terrorista de extrema derecha. En cambio, García Caparrós fue alcanzado mortalmente por un disparo de la Policía Armada y, según ha subrayado el ministro, su situación no encuentra cobertura jurídica en la Ley de Víctimas del Terrorismo de 2011.
Grande-Marlaska ha apuntado que el caso sí habría tenido cabida en la primera Ley de Memoria, aprobada en 2007 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo artículo 10 contemplaba el reconocimiento de una indemnización a quienes fallecieron en defensa de la ley y la democracia desde 1968 hasta el 31 de diciembre de 1977.
Derogación del artículo 10 y propuesta de reforma urgente
No obstante, la Ley de Memoria Histórica de 2007 fue modificada en 2022 por el Ejecutivo de Pedro Sánchez mediante la Ley de Memoria Democrática, que dejó sin efecto ese artículo 10, sin que hasta entonces constara ninguna reclamación de la familia de García Caparrós al amparo de esa disposición.
Ante este escenario, Marlaska sostiene que la salida pasa por acometer una “reforma urgente” de la Ley de Memoria de 2022 para reincorporar el contenido del derogado artículo 10 de la norma de 2007. “Esa posibilidad está en sus manos --ha dicho a los grupos parlamentarios--, y yo lo entendería más que oportuno. Creo que sería la vía más rápida”.