Más de un centenar de figuras del ámbito jurídico, entre las que destacan el exmagistrado Baltasar Garzón, la jueza y exdelegada del Gobierno contra la violencia de género Victoria Rosell y el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, han respaldado un manifiesto que denuncia el ataque e intervención de Estados Unidos en Venezuela. En este documento se solicita a la ONU que analice sus implicaciones jurídicas y que adopte las medidas oportunas para asegurar el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas.
En el manifiesto, los firmantes se alinean con la defensa de la legalidad internacional y censuran la detención "ilegal" y el traslado forzoso del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Recuerdan igualmente que el recurso a la fuerza armada contra la integridad territorial o la independencia política de un Estado está expresamente vetado por el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, "norma fundamental del orden jurídico internacional y de carácter imperativo (ius cogens)".
Los juristas remarcan que dicha prohibición solo contempla dos excepciones bien definidas: el ejercicio de la legítima defensa, de acuerdo con el artículo 51 de la Carta, y la autorización explícita del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
El texto alerta de que "no se ha acreditado públicamente" la existencia de un ataque armado previo ni de una amenaza inminente que permita invocar la legítima defensa, por lo que cualquier acción militar unilateral en territorio venezolano "constituiría una violación grave del principio de soberanía, de la prohibición de la intervención y de la obligación de resolver las controversias internacionales por medios pacíficos".
Posible "crimen de agresión" y vulneración de la inmunidad
El manifiesto añade que este empleo ilícito de la fuerza podría llegar a considerarse un "crimen de agresión", conforme a la Carta de las Naciones Unidas, la Resolución 3314 de la Asamblea General y los principios consolidados del derecho penal internacional. Se enfatiza que los actos de agresión "figuran entre las violaciones más graves del orden jurídico internacional por sus consecuencias para la paz, la seguridad y los derechos fundamentales de los pueblos".
Los promotores del texto también rechazan la privación de libertad de Maduro por parte de fuerzas armadas extranjeras, al estimarla "incompatible" con el régimen de inmunidad personal de los jefes de Estado en ejercicio "reconocido por el derecho internacional consuetudinario".
En su tramo final, el manifiesto reclama a los estados de la comunidad internacional y a los órganos competentes de la ONU que procedan a "esclarecer los hechos, evaluar sus consecuencias jurídicas y adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto de la Carta de las Naciones Unidas y evitar precedentes que erosionen gravemente el orden jurídico internacional".
Entre los firmantes figuran, además, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Coruña y exalcalde de la ciudad Xulio Ferreiro; los magistrados en activo Gonzalo Alcoba, Celima Gallego, Esther González y Amaya Olivas; los magistrados jubilados Juan Romero Laguna, Juan Pedro Yllanes, Enrique Medina, Joan Agustí Maragall, Paloma Marín y Ascensión Solé; así como otros catedráticos de Derecho, personal de la Administración y especialistas en derecho internacional público y derechos humanos.