Mazón destaca ahorro de 38,3 millones para jóvenes y vulnerables gracias a reducción del impuesto de vivienda

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Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, ha enfatizado que la disminución del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) «ha permitido a 28.575 jóvenes y personas vulnerables un ahorro de 38,3 millones de euros».

En un comunicado, Mazón ha resaltado «en la política fiscal del Ejecutivo autonómico para facilitar el acceso a la vivienda a quienes más lo necesitan» y ha detallado que desde enero de 2024 hasta junio del mismo año, se registraron 28.575 declaraciones de transmisiones patrimoniales bajo las nuevas tarifas implementadas desde el 1 de enero de 2024, «que han supuesto un ahorro medio para cada contribuyente de 1.341 euros».

Estos contribuyentes han pagado un total de 114,9 millones de euros, en comparación con los 153,2 millones que habrían abonado sin la rebaja, logrando un ahorro total de 38,3 millones de euros.

Por provincias, se observa que en Alicante se registró un ahorro medio de 1.293 euros en 10.838 declaraciones, mientras que en Castellón se realizaron 4.180 declaraciones, alcanzando un ahorro medio de 1.192 euros. En la provincia de València, se contabilizaron 13.557 declaraciones, con un ahorro medio de 1.426 euros por contribuyente.

El presidente del Consell destacó especialmente la reducción del 25% del ITP para menores de 35 años, donde el tipo impositivo se redujo del 8% al 6% para la compra de vivienda habitual, beneficiando a 20.021 declaraciones con un ahorro total de 29,2 millones de euros y un promedio de 1.458 euros por contribuyente.

El desglose por provincias muestra que 7.163 contribuyentes en Alicante ahorraron un total de 10,1 millones de euros; 2.935 en Castellón, con un ahorro acumulado de 3,9 millones, y 9.923 en Valencia, con un ahorro de 15,2 millones de euros.

Además, Mazón mencionó a otros grupos beneficiados por la rebaja del ITP, incluyendo a personas con discapacidad, con un ahorro medio de 771 euros; las familias numerosas y monoparentales, con un ahorro de 569 euros; y mujeres víctimas de violencia, con un ahorro de 862 euros.

Las desgravaciones fiscales también incluyen un tipo reducido del 6% para compradores de vivienda habitual de protección oficial de régimen general, donde el ahorro medio alcanzado fue de 1.554 euros, mientras que para los inmuebles de régimen especial, el ahorro medio fue de 768 euros.

AVANCES EN LA LEGISLATURA DE LA VIVIENDA

Mazón también subrayó el compromiso del Consell con una política de vivienda «integral, transversal y eficaz», «basada en hechos y acciones, no en anuncios». Entre las principales medidas se destacan las administrativas para agilizar trámites; las fiscales que incluyen deducciones para la compra y el alquiler de viviendas; y las legislativas que promueven el desarrollo de viviendas protegidas y protegen los derechos de los propietarios frente a la okupación y la ‘inquiokupación’.

El jefe del Consell resaltó iniciativas como el nuevo Decreto de Vivienda de Protección Pública que reserva el 40% de las promociones para jóvenes y familias monoparentales, el plan VIVE para el desarrollo de 10.000 viviendas y la línea de avales del Institut Valencià de Finances (IVF) para facilitar el acceso al crédito a jóvenes en la compra de su primera vivienda, además de las rebajas del ITP.

Finalmente, Mazón recordó que 1.475 jóvenes de la Comunitat Valenciana se beneficiaron del programa de garantías para la compra de su primera vivienda, con más de 117 millones de euros en inmuebles adquiridos y 1.022 operaciones aprobadas con un aval de 12,9 millones.

Además, destacó las nuevas rebajas fiscales incluidas en los Presupuestos de la Generalitat, como la reducción general del 10% en el ITP y la disminución del impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

Mazón concluyó afirmando que estas medidas demuestran «una respuesta eficaz, seria y rigurosa a un problema largamente ignorado por el anterior ejecutivo autonómico», instando al Gobierno a tratar la vivienda como una «cuestión de Estado» y a trabajar coordinadamente con las autonomías «para efectivizar y equilibrar el acceso a la vivienda pública».

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