El miembro de la Ejecutiva del PSOE Borja Cabezón, en el centro de la controversia política pero sin imputación judicial

Una investigación periodística sobre la actividad empresarial pasada de Borja Cabezón ha abierto un nuevo choque político entre Gobierno y oposición al señalar al secretario adjunto a Organización y de Transparencia y Acción Democrática del PSOE por una supuesta "ingeniería fiscal". Desde el Ejecutivo destacan que no existe ninguna causa abierta ni imputación contra el dirigente socialista

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El secretario adjunto de Organización y Transparencia del PSOE, Borja Cabezón, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre otros, en la sede del PSOE a 9 de octubre de 2025, en Madrid (España). Mateo Lanzuela - Europa Press

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El dirigente socialista Borja Cabezón, actual secretario adjunto a Organización y de Transparencia y Acción Democrática del PSOE, ha cobrado protagonismo en el debate político tras la publicación de una investigación periodística que analiza su actividad empresarial de años anteriores.

Qué se le achaca

Una información difundida por El Confidencial sostiene que Cabezón habría utilizado en el pasado una estructura societaria compleja —con distintas empresas en España y fuera del país— que le habría permitido optimizar su tributación.

Según la investigación, el entramado se remontaría a etapas previas a su actual responsabilidad orgánica en el PSOE. El propio Cabezón ha reconocido que contrató en su momento servicios de asesoramiento fiscal, pero ha negado haber creado “laberintos societarios” para evadir impuestos y ha asegurado que siempre ha cumplido con sus obligaciones tributarias.

Cabezón señala que "esta noticia, que parece enmarcarse en el caso Nummaria, vincula en el mismo artículo diferentes empresas y fechas con referencias a mi persona" y una supuesta "ingeniería fiscal" atribuida al dirigente socialista con el fin de evitar el pago de impuestos.

El responsable socialista ha detallado que la sociedad que creó y en la que desarrolló su labor profesional entre 2008 y 2011 contrató "servicios" del bufete Nummaria debido a "su reconocido prestigio y reputación en aquel momento". Subraya, además, que en esos años "toda" su actividad económica se circunscribía al ámbito privado y "sin ostentar cargo público alguno".

Cabezón recuerda que "el caso Nummaria, judicializado en 2016, concluyó con una sentencia de la Audiencia Nacional en la que, tras una exhaustiva investigación de más de diez años, se declara, en unos casos, la responsabilidad, y en otros la falta de responsabilidad de los clientes del despacho Nummaria objeto de investigación", y añade que, durante ese prolongado periodo, su empresa "no recibió nunca notificación del juzgado que investigó el caso".

Pese a la repercusión mediática que está teniendo la información, y las críticas de la oposición sobre la persona de Cabezón, no existe ninguna imputación ni procedimiento judicial abierto contra el socialista.

Sin investigación judicial

Uno de los elementos clave del caso es que, hasta la fecha, no hay ninguna actuación judicial contra el miembro de la Ejecutiva socialista.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido públicamente que Cabezón en la rueda de prensa de este martes posterior al Consejo de Ministros: “no está investigado por la Justicia”. Montero, además, ha recalcado que la información publicada se refiere a una etapa profesional anterior a su anterior desempeño dentro de la dirección del PSOE. Montero apeló a la presunción de inocencia y recordó que recurrir a asesoramiento fiscal no implica, por sí mismo, irregularidad alguna.

El PP pide su cese

Por su parte, desde el Partido Popular, el portavoz parlamentario Miguel Tellado ha exigido explicaciones y ha reclamado que el PSOE actúe contra Cabezón. Los populares sostienen que el caso evidencia una supuesta incoherencia entre el discurso fiscal del Gobierno y la trayectoria empresarial del dirigente socialista.

El PP ha pedido su salida de la Ejecutiva socialista, aunque no ha señalado la existencia de ninguna causa judicial abierta.

La controversia se mantiene, por ahora, en el plano político y mediático El caso se suma así a la creciente tensión parlamentaria en torno a la fiscalidad y la transparencia, con un choque de posiciones que, de momento, no tiene recorrido en los tribunales.