QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Secretaría de Estado de Seguridad, dirigida por Aina Calvo, ha oficializado este lunes el comienzo del proceso para anular el contrato de compra de 15 millones de balas destinadas a la Guardia Civil, valoradas en 6,8 millones de euros, que se había adjudicado previamente a la firma israelí IMI Systems LTD, representada en España por Guardian Homeland Security S.A.
Este procedimiento se basa en el ‘imposible cumplimiento’ del contrato, después de la promulgación del Real Decreto-ley 10/2025, el 23 de septiembre de 2025, que implementa medidas urgentes en respuesta al genocidio en Gaza y apoya a la población palestina, según ha explicado la Secretaría de Estado de Seguridad.
Fuentes del Ministerio del Interior han comentado a Europa Press que la resolución del contrato fue firmada por la subdirectora de Fernando Grande-Marlaska tras la negativa de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Internacional de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU).
MARLASKA CELEBRÓ QUE SE CORRIGIERA SU «ERROR»
«Los contratos afectos son de imposible cumplimiento para los contratantes, en este caso la Guardia Civil y la empresa adjudicataria», se lee en el documento de resolución. Marlaska admitió previamente en el Congreso que se había producido un «error», aunque destacó que ya se estaba rectificando por parte del Gobierno.
Partidos como el PP y Vox han criticado la cancelación del contrato, alegando que perjudica a la Guardia Civil al privarla de munición esencial, mientras que Grande-Marlaska aseguró que no se produciría un desabastecimiento de balas para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
LIQUIDACIÓN POR UNA CUANTÍA DE CERO EUROS
El proceso de anulación del contrato incluye cláusulas que establecen una «liquidación del contrato en la cuantía de cero euros», puesto que «no existen bienes que se puedan recibir», tal como se detalla en la resolución. Además, se contempla la devolución de las ‘garantías definitivas’ aportadas por el adjudicatario, que suman un total de 275.500 euros.
La resolución se apoya en varios artículos de la Ley de Contratos del Sector Público, explicando que la imposibilidad legal sobreviniente, causada por la prohibición de importar material de defensa de Israel, es la razón detrás de esta decisión, refiriéndose al Real Decreto Ley de medidas urgentes del 23 de septiembre de 2025, que impide las transferencias de dicho material.
