El Ministerio del Interior respalda a la Policía ante las críticas por detener a un activista que revela infiltrados

El Ministerio del Interior ha reafirmado su apoyo a los ‘agentes de inteligencia’ de la Policía Nacional, destacando su rol en la recopilación de información esencial para la seguridad pública. Esta declaración se produce como respuesta a las críticas de Sumar respecto al arresto de un activista que investiga la infiltración policial en agrupaciones sociales.

‘La actividad de obtención de información de los agentes de inteligencia señalados no se realiza sobre ideologías ni movimientos sociales, sino que se trata de una actividad de inteligencia para la captación de información de interés para la seguridad pública’, explicó el Gobierno en una respuesta parlamentaria del 20 de octubre, accesible a través de Europa Press.

Sumar, aliado del PSOE en el gobierno, había cuestionado la detención en Madrid del activista Jorge Jiménez en junio, resaltando su labor de documentación sobre infiltraciones policiales en colectivos. Según los datos disponibles, el arresto se basó en acusaciones de falsedad documental y revelación de secretos.

AGENTE DE INTELIGENCIA, NO ENCUBIERTO

El Ejecutivo también ha aclarado que los agentes implicados son ‘agentes de inteligencia’, conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y no ‘agentes encubiertos’ que se rigen por el artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Además, ha subrayado que las acciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se realizan siempre bajo estricto acatamiento de la ley, demostrando máxima profesionalidad y respeto a los valores constitucionales de un Estado de Derecho.

Así, el Gobierno respondía a las preocupaciones de Sumar sobre las infiltraciones en grupos sociales como el Distrito 14 de Moratalaz, mencionando que estos casos han motivado recursos ante el Tribunal Constitucional, aún pendientes de resolución. Sumar también ha mencionado a países como el Reino Unido, donde investigaciones parlamentarias y judiciales han llevado a las autoridades a reconocer abusos y emitir disculpas públicas.