El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha respondido este lunes a Carlos Mazón, ‘president’ de la Generalitat Valenciana, quien recientemente anunció su dimisión y criticó la información suministrada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) el día del evento meteorológico conocido como dana.
El Miteco ha señalado que los autos de la jueza de Catarroja, que investiga la gestión del evento, son “contundentes” en cuanto al “rigor” con que actuaron dichos organismos. Durante su comparecencia, Mazón reconoció su error al no modificar su agenda ese día, aunque explicó: «Es cierto que, con los datos de mediodía, con la CHJ certificando que el barranco del Poyo estaba seco y el Júcar podía absorber el agua de un Magro en tendencia descendente, con el temporal yéndose a Cuenca a las seis según la Aemet, sin una gota de agua en Paiporta o Catarroja, era inimaginable que unas pocas horas después el Poyo pasara de estar seco a ser una trampa mortal».
Por otro lado, el Miteco defendió la precisión técnica de la Aemet y la CHJ, destacando la importancia de su labor en la prevención de riesgos. «Los autos de la jueza sobre los hechos del 29 de octubre son contundentes: la jueza instructora señala expresamente que la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar actuaron de acuerdo con sus mecanismos técnicos y protocolos, emitiendo avisos y comunicaciones eficaces dentro de sus competencias», enfatizaron desde el ministerio.
Asimismo, recalcaron que el único fallo informativo de ese día correspondió al Cecopi, no a los organismos estatales. Además, mencionaron imágenes recientes de Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior, mostrando su preocupación temprana ese día, lo que indica que las autoridades autonómicas estaban al tanto de los riesgos. Finalmente, destacaron que la decisión de retirar a los bomberos de los barrancos fue tomada por el gobierno autonómico y que las afirmaciones recientes de Mazón han sido calificadas por la jueza como «ficción» o «autoficción», negando su valor probatorio en el proceso.
















