El ejecutivo español ha manifestado su convicción de que no se ha cometido ningún delito de malversación por parte de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Según el Gobierno, Álvarez realizó adecuadamente las labores de asistencia estipuladas en su contrato.
Las tareas adicionales que Álvarez pudo haber llevado a cabo, descubiertas a través de correos electrónicos con la Universidad Complutense de Madrid relacionados con la cátedra que dirigía Begoña Gómez, se realizaron en el marco de su relación personal con Gómez, han informado fuentes del Gobierno.
Durante una declaración judicial el 10 de septiembre, Begoña Gómez afirmó que su asesora en Moncloa se encargaba principalmente de organizar su agenda y acompañarla en eventos oficiales, además de ayudarla en situaciones especiales con algún “favor”.
La UCO desvela gestiones con una decena de empresas
Este lunes, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado un informe al juez Juan Carlos Peinado revelando el intercambio de más de cien correos que implican a Álvarez en “gestiones” con diversas empresas para financiar la cátedra dirigida por Gómez. Sin embargo, el Gobierno mantiene que estas acciones no contradicen lo declarado por Gómez y afirma que Álvarez cumplió con su rol contractual, que exige disponibilidad total.
Desde el Gobierno se argumenta que las actividades mencionadas en los correos no son parte de sus obligaciones remuneradas, ya que son fruto de la relación personal entre Gómez y su asesora. Además, se recalca que Gómez no ocupa un puesto de funcionaria ni de alto cargo, por lo que no está sujeta a las normativas de malversación que afectan a quienes gestionan fondos públicos.