QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha recalcado en el Congreso que no tenía conocimiento previo de la actividad de la empresa navarra Servinabar, vinculada a Santos Cerdán, y que solo supo de su existencia a través de la prensa cuando estalló el ‘caso Koldo’.
Montero también ha subrayado que no teme en absoluto lo que pueda declarar ante el juez la exmilitante socialista Leire Díez y ha marcado distancias con el expresidente de SEPI detenido, Vicente Fernández, con quien asegura no mantener relación alguna desde que abandonó la entidad pública.
La dirigente socialista ha realizado estas manifestaciones en los pasillos de la Cámara Baja, tras ser interpelada por la reciente operación policial que ha derivado en la detención de Vicente Fernández, de Leire Díez y del empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán.
De forma preliminar, Montero ha recordado que se trata todavía de “investigaciones en curso” y ha pedido esperar a que concluyan antes de extraer conclusiones definitivas. En todo caso, ha garantizado “total colaboración con la justicia”: “Todos los requerimientos de información que se soliciten a los diferentes organismos serán atendidos de inmediato”, ha asegurado.
Ninguna relación con Fernández desde hace seis años
Respecto a Vicente Fernández, a quien ella propuso como presidente de SEPI al inicio del Gobierno de Pedro Sánchez, la vicepresidenta ha querido dejar meridianamente claro que no mantiene “ningún contacto” con él desde que dejó la empresa pública, alrededor de año y medio después de su nombramiento.
Ha recordado que “él estuvo escasamente un año y pico en SEPI” y que “hace más de seis años que no está dentro del grupo de personas” con las que trata de forma habitual. “No tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor”, ha indicado, insistiendo en que se enteró por los medios de comunicación de que había trabajado para Servinabar.
En este periodo, ha remarcado, no ha tenido trato alguno con Fernández: “Ni de WhatsApp, ni de llamadas, ni de reuniones, ni de nada. Ni tenemos tampoco un entorno que compartamos. Es decir, que no tenemos amigos de amigos”, ha enfatizado.
Defensa de su nombramiento al frente de SEPI
Montero ha defendido, no obstante, el perfil profesional de Fernández cuando fue designado presidente de la SEPI. Ha recordado que había ejercido como interventor general de la Junta de Andalucía, pertenecía al cuerpo de letrados de la Junta y contaba con “toda una trayectoria trabajando” en el Ejecutivo andaluz. “O sea que su perfil profesional es un perfil que avala su nombramiento”, ha concluido.
Servinabar y el impacto político del caso
En relación con Servinabar, la compañía navarra que conecta al exresponsable de la SEPI con Antxon Alonso y con Santos Cerdán, la vicepresidenta ha reiterado que la primera noticia que tuvo sobre esta firma fue por la prensa, al tratarse de una empresa pequeña, y que “mucho menos” conocía los detalles que han ido trascendiendo posteriormente.
La número dos del PSOE ha admitido que es “un dolor y una tristeza” que personas en las que se ha depositado confianza puedan verse salpicadas por una trama o por hechos relacionados con la corrupción, pero ha defendido que ello no afecta a la solidez del Ejecutivo.
“Cuando existen personas que están implicadas o asociadas a casos de corrupción, o a casos de machismo, a nosotros eso nos duele y nos impacta, por supuesto. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que eso provoque ningún tipo de estabilidad e inestabilidad en el Gobierno”, ha señalado, desvinculando estos casos de la continuidad del gabinete.
Sin temor a lo que declare Leire Díez
En cuanto a Leire Díez y a sus futuras manifestaciones ante el juez, Montero ha querido dejar patente que no existe preocupación en el Ejecutivo y que no temen “absolutamente nada”, ya que la información que manejan sobre ella procede únicamente de lo publicado por los medios de comunicación.
“Nosotros no tenemos más información que la que ustedes publican –ha insistido–. Lo único que puedo decir es que efectivamente siempre para nosotros cualquier persona que se aleje de la legalidad o incluso de un comportamiento ético no tiene cabida en este proyecto político de ninguna manera”.
