La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está centrando sus pesquisas sobre el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en un periodo en el que ya no ocupaba la presidencia del holding público. Al mismo tiempo, ha recalcado que, hasta ahora, las diligencias practicadas no reflejan indicios de ilegalidad en la tramitación de los contratos.
Asimismo, la titular de Hacienda ha rechazado las “insidias” del PP en relación con la SEPI, ha reivindicado la labor de la entidad y ha subrayado que sus estados financieros se someten a auditorías internas y externas.
Montero ha acudido al Senado para ofrecer explicaciones sobre las supuestas irregularidades vinculadas a la SEPI, después de las detenciones, el pasado mes de diciembre, del expresidente del organismo, Vicente Fernández, de la exmilitante socialista Leire Díez y del empresario Antxon Alonso. Estas detenciones se enmarcan en una causa de la Audiencia Nacional (AN) sobre presuntas irregularidades en la contratación pública, que motivó registros de la Guardia Civil en las sedes de los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica con el objetivo de recabar documentación.
En este contexto, la vicepresidenta —de cuyo departamento depende políticamente la SEPI— ha destacado que Vicente Fernández abandonó el organismo público “dos años” antes del periodo que está bajo la lupa de la UCO.
“Los hechos que investiga la UCO no están paralelos con el tiempo del desempeño de las personas investigadas en la SEPI, sino que esas investigaciones están apuntando al periodo entre los años 2021 y 2023, dos años después de que esto se hubiera producido”, ha explicado.
Montero ha incidido en que no existe “ninguna investigación” que acredite, “al menos por ahora”, que haya habido “algún expediente” tramitado “de forma distinta a la legalidad”. “Por tanto, tendrán que responder de sus actuaciones aquellas personas que, una vez que salieron de ese ámbito político, presuntamente se habrían relacionado con empresas que en ese momento está investigando la UCO”, ha argumentado.
Según la ministra, a la luz de las informaciones conocidas hasta el momento, no se aprecia “nada achacable” a “un mal funcionamiento que se pueda trasladar a la SEPI”. “Lo que tendremos que ver es si los comportamientos de personas concretas cuando los tribunales lo sustancien han sido o no han sido delictivos”, ha aducido.
Montero ha remarcado que tanto el Gobierno como el PSOE “estarán siempre entre los que actúan y toman decisiones” ante eventuales casos de corrupción. “Exigimos responsabilidades políticas, iniciamos expedientes de expulsión del partido y colaboramos con la justicia, como hemos hecho desde el primer día”, ha agregado.