QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, encabezará este martes, 9 de diciembre, el acto de firma del acuerdo con las organizaciones sindicales CSIF, UGT y CCOO para impulsar la mejora del empleo público y de la prestación de servicios “de calidad” en el marco de desarrollo de la Ley de Función Pública de Andalucía. El pacto incluye avances en las condiciones laborales y retributivas de 80.000 empleados del sector público andaluz, entre ellos personal funcionario, laboral, de justicia y trabajadores del sector público instrumental.
Según la convocatoria remitida a los medios, la rúbrica del acuerdo tendrá lugar a las 11,00 horas en el Palacio de San Telmo de Sevilla, sede de la Presidencia de la Junta.
El texto, pactado en la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral como desarrollo de la Ley de Función Pública de Andalucía, entró en vigor el pasado 3 de diciembre tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 2 de diciembre. El consejero de Justicia, Función Local y Administración Local, José Antonio Nieto, lo ha definido como “histórico” al considerar que supone un “salto de calidad”.
El primer respaldo jurídico a esta mejora para los empleados públicos se alcanzó en la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, que firmó el documento con CSIF, CCOO-A y UGT-A, además del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) y de Iniciativa Sindical Andaluza (ISA), en el órgano de interlocución correspondiente, antes de su validación por el Consejo de Gobierno. El consejero de Justicia ha cifrado los beneficiarios en casi 70.000 empleados públicos, a los que se suman cerca de 10.000 funcionarios de Justicia, pese a tratarse de un cuerpo de ámbito estatal.
El Ejecutivo andaluz ha precisado que la entrada en vigor del acuerdo tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de este 2025, una vez se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2030. El impacto económico total se sitúa en 250 millones de euros para un periodo de cinco años, con una dotación de 50 millones por ejercicio.
Entre las principales medidas incluidas para el personal funcionario autonómico figura la implantación de la carrera profesional, diseñada siguiendo el modelo ya existente en el ámbito sanitario. Como en dicho sector, serán los propios empleados quienes deberán solicitar su reconocimiento. Esta carrera profesional se aplicará con efectos desde el 1 de enero de este 2025.
La Junta de Andalucía ha definido la carrera profesional y la evaluación del desempeño de los empleados autonómicos como “un instrumento objetivo y transparente que permitirá reconocer el mérito, la dedicación y la excelencia”. El acuerdo alcanzado el 10 de noviembre en la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General sobre carrera horizontal, evaluación del desempeño y equiparación retributiva del personal funcionario de carrera deberá ser igualmente ratificado por el Consejo de Gobierno y servirá de base para el futuro decreto que regule estos aspectos.
El Gobierno andaluz subraya que “el acuerdo moderniza en profundidad el sistema retributivo” al favorecer la sustitución progresiva del complemento específico por un nuevo complemento de puesto, definido como “más claro, homogéneo y vinculado a los criterios de responsabilidad, dedicación y dificultad técnica”, y resalta además que “pone fin a desigualdades históricas y refuerza la coherencia interna del modelo”.
El Ejecutivo autonómico mantiene el compromiso de “culminar” la implantación del VII Convenio Colectivo, que reemplazará al aún vigente desde 2002, con el objetivo de proporcionar al personal laboral un marco actualizado que recoja las exigencias de la Ley de Función Pública. Esta actuación se integra en una estrategia de empleo orientada a reducir de forma sostenida la temporalidad estructural, situándola por debajo del 8%, mediante una planificación plurianual de ofertas de empleo público, un sistema estable de cobertura de vacantes y mecanismos de control que impidan el abuso en la duración de contratos y nombramientos temporales.
El acuerdo contempla también una nueva reorganización de los recursos técnicos y sanitarios en materia de prevención de riesgos y salud laboral, a través de la reconfiguración del Servicio de Prevención Propio, con el fin de lograr una integración real y efectiva de la prevención en la Junta de Andalucía, una distribución adecuada y dimensionamiento correcto de los recursos preventivos y una mayor implicación del personal directivo.
Asimismo, se prevé la creación de unidades administrativas compartidas para ejecutar proyectos estratégicos o dar respuesta a necesidades coyunturales o temporales. En consonancia con la Ley de la Función Pública de Andalucía y con el Plan Estratégico de Recursos Humanos 2023-2030, la finalidad es “situar a Andalucía en la vanguardia de la gestión pública mediante una administración que actúa como motor económico, que facilita la inversión, que atrae talento y que se adapta a la revolución digital con estructuras flexibles, eficientes y centradas en las personas”.
La Junta ha puesto de relieve que “el acuerdo crea un marco estable que impulsa la motivación, la carrera profesional y la estabilidad como elementos clave para mejorar la atención a la ciudadanía”, y sostiene igualmente que “esta iniciativa será un instrumento clave para reducir la brecha digital entre la ciudadanía y mejorar la capacidad de la administración pública para asistir a personas con reducido nivel de destrezas digitales”.
