El polémico plan de la Generalitat, que introduce agentes de los Mossos d’Esquadra de paisano en institutos de Secundaria, comienza este lunes. La medida forma parte del programa EDUSEG (Plan Integral para la Seguridad y el Bienestar en el entorno educativo), que se aplicará inicialmente en 13 centros educativos.
El proyecto consiste en la presencia de agentes sin uniforme y sin armas en centros seleccionados, donde actuarán en tareas de prevención, acompañamiento y mediación en conflictos. La iniciativa se plantea como una prueba piloto con evaluación posterior antes de decidir su posible ampliación.
Un plan centrado en la convivencia escolar
El Govern enmarca la medida dentro de la necesidad de reforzar la convivencia en algunos centros educativos, especialmente en contextos donde se han detectado episodios de conflictividad. Según fuentes del Departament d’Educació, el objetivo es mejorar el bienestar del alumnado y apoyar a los equipos directivos en la gestión de conflictos.
El plan se desarrolla en coordinación entre Educación e Interior y se plantea como una herramienta de prevención y mediación, no como una intervención policial tradicional dentro del aula.
Protestas de los sindicatos
Desde el inicio del anuncio, sindicatos docentes, asociaciones de familias y parte de la comunidad educativa han expresado su rechazo al plan. Según estas organizaciones, la medida no responde a necesidades pedagógicas y puede generar estigmatización en los centros.
Algunas entidades han pedido la retirada del proyecto, argumentando que sería más eficaz reforzar recursos como educadores sociales, orientadores y personal de apoyo psicológico en los institutos.
También se han registrado críticas políticas y peticiones de comparecencia en el Parlament para que el Govern explique los detalles del despliegue, según diversas informaciones parlamentarias recientes.
Fase experimental
El despliegue de Mossos de paisano en centros de Secundaria que comienza hoy se concibe como una fase experimental. El programa será evaluado tras su aplicación inicial para decidir si se mantiene o se amplía a otros centros.
Mientras el Govern defiende el proyecto como una herramienta de convivencia, la comunidad educativa mantiene un debate abierto sobre el papel de la presencia policial en el entorno escolar y su impacto en la vida cotidiana de los centros.