El portavoz del Gobierno de Murcia, Marcos Ortuño, ha señalado este jueves que el cierre de acuíferos combinado con la reducción del trasvase Tajo-Segura provocaría un impacto económico sin precedentes en la agricultura y la economía de la región. Durante una rueda de prensa que tuvo lugar tras los acuerdos del Consejo de Gobierno, Ortuño ha afirmado que desde el gobierno regional continuarán “defendiendo los intereses de los murcianos y colaborando con los agricultores, exigiendo al Ministerio soluciones y alternativas efectivas”. “El futuro de nuestra tierra, de la agricultura y el futuro de miles de familias está en juego”, ha enfatizado.
Ortuño también ha comentado sobre el análisis presentado por la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, acerca de las repercusiones económicas y sociales del cierre de los acuíferos, previsto para 2027. Según un estudio de la Universidad de Alicante, la Región de Murcia enfrentaría un costo económico anual de 680 millones de euros, representando el 82% del impacto total anticipado en la cuenca del Segura. Ortuño ha destacado además que esta medida resultaría en la pérdida de más de 20.500 empleos y la desaparición de 28.700 hectáreas de regadío en la región, lo que equivale a una pérdida del 20% del regadío actual.
El portavoz ha subrayado la gravedad de la situación, señalando que afectaría no solo a la agricultura, sino también a sectores industriales y de servicios ligados a esta actividad, como la industria agroalimentaria y la logística. En su intervención, Ortuño ha mencionado que el impacto sería devastador para la economía regional en su totalidad y conllevaría una notable pérdida de valor patrimonial en las explotaciones agrícolas debido a la reconversión de regadío a secano.
Finalmente, ha reiterado la necesidad de desarrollar infraestructuras hidráulicas adicionales y ha recordado la propuesta de conectar el trasvase Júcar-Vinalopó con el Altiplano, una de las zonas más afectadas. Ha subrayado que el Gobierno central ha planeado un recorte del 50% en el agua del trasvase Tajo-Segura a partir de 2027, lo que supondría una amenaza aún mayor para el sector agrícola.