La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha acusado este martes al Gobierno de Pedro Sánchez de haber frenado hasta el último momento la reforma del Código Penal destinada a endurecer las penas contra los delincuentes reincidentes, y de haberla desbloqueado solo después de que su formación diera por rotas las relaciones con el Ejecutivo el pasado mes de octubre.
“PSOE, Sumar, el PSC y ERC tenían bloqueada esta ley. En el momento que nos hemos plantado, esto se ha empezado a desencallar”, ha afirmado la dirigente de Junts en el programa ‘En boca de todos’ de ‘Cuatro’, al ser cuestionada por la evolución de esta reforma tras la aprobación de la ponencia el jueves pasado, con el respaldo conjunto de socialistas y ‘populares’, y su posterior envío a la Comisión de Justicia, prevista para el próximo 17 de diciembre.
En relación con esta modificación legal, Nogueras ha recalcado que en Junts son “conscientes de que existe un problema” con los robos cometidos por multirreincidentes y con la ausencia de consecuencias efectivas para quienes cometen estos delitos: “Este tipo de delincuente, por la misma puerta que entra, sale”.
Al hilo de estas críticas, ha sostenido que, ante lo que considera reiterados incumplimientos del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, “la política útil es la de plantarse”. A su juicio, solo así se han empezado a mover los compromisos firmados con su partido.
En esta línea, ha reclamado que se ejecuten íntegramente los acuerdos que permitieron que la formación liderada por Carles Puigdemont apoyara la investidura de Sánchez: “Hemos cumplido nuestra parte de los acuerdos y queremos que se cumplan los demás”. Entre esos puntos, ha subrayado la amnistía para el expresidente de la Generalitat que permanece en Bélgica y la consecución de la oficialidad del catalán en las instituciones europeas.
Críticas al Gobierno por la gestión de la inmigración
Sobre la exigencia de Junts de transferir al Govern de la Generalitat la competencia en materia de inmigración, Nogueras ha responsabilizado a los distintos gobiernos españoles de no haber sabido gestionar ni proteger a quienes viven y trabajan en Cataluña, además de haber “desinvertido” en la comunidad durante años.
En este sentido, ha defendido que, si el ejecutivo autonómico dispusiera de las competencias migratorias, contaría con “las herramientas para poder facilitar la vida a la gente”, al poder adaptar las políticas a la realidad específica del territorio.
Preguntada por la posibilidad de deportar a los inmigrantes que cometen delitos, la portavoz ha evitado fijar una postura concreta y ha preferido centrar el debate en la integración lingüística. Ha insistido en que es esencial que quienes residen en Cataluña puedan hablar y comprender la lengua propia para que les resulte más sencillo “entender y vivir Cataluña, su cultura y sus valores”, subrayando que considera el idioma una herramienta clave de integración social.











