El Parlamento madrileño solicita al Ejecutivo nacional realizar pruebas de edad a menores inmigrantes

La Asamblea de Madrid aprueba solicitud al Gobierno para realizar pruebas de edad a menores inmigrantes y reforzar el control fronterizo.

El hemiciclo de la Asamblea de Madrid durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 23 de octubre de 2025, en Madrid (España). El pleno debate sobre la situación de la Universidad Madrileña y del transporte público de la Comunidad.Jesús Hellín - Europa Press

Este jueves, la Asamblea de Madrid ha dado luz verde a una propuesta del Partido Popular, con el respaldo de Vox, que insta al Gobierno de España a “recuperar el control de fronteras”, a luchar contra las mafias y a efectuar pruebas de edad a los menores extranjeros no acompañados, debiendo completarse en un plazo de “máximo de 48 horas”. La iniciativa busca también fortalecer la seguridad en la frontera sur de Europa, asegurar retornos efectivos y cerrar los macrocampamentos estatales en la región.

La propuesta también incluye la oposición a la reubicación forzosa de inmigrantes y subraya la necesidad de que la adquisición de la nacionalidad española sea resultado de un proceso de integración completo. Rafael Núñez, coordinador de Migración del PP y diputado, ha criticado la gestión del presidente Pedro Sánchez en materia de inmigración, mencionando que España alberga una gran cantidad de residentes nacidos en el extranjero, lo que representa casi el 20% de la población.

Por otro lado, Vox, representado por José Antonio Fúster, ha interpretado la medida del PP como una reacción al temor por las encuestas, mientras que desde el PSOE, Cristina González ha tildado la propuesta de racista, apuntando a la falta de coherencia del PP con sus políticas anteriores. Más Madrid, por su parte, ha acusado al PP de adoptar posturas xenófobas similares a las de Donald Trump, criticando la falta de inclusión y convivencia en sus políticas.

En la misma sesión, se debatió otra PNL de Vox, que pedía cambiar la ley de subvenciones para asegurar la ‘prioridad nacional’ en el acceso a ayudas públicas y excluir a quienes no tengan residencia legal. Esta propuesta ha sido confrontada por voces como la de Juanjo Marcano del PSOE, quien la calificó de ‘eslogan chorra’ sin base constitucional.

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