Dolors Montserrat, vicepresidenta del Grupo Popular Europeo y secretaria general del PPE, ha presentado dos interrogantes ante la Comisión Europea acerca de las acciones del Gobierno español en el rescate financiero de Air Europa, que involucra una suma de 474 millones de euros.
Montserrat plantea interrogantes sobre la independencia de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), entidad subordinada al Ministerio para la Transformación Digital, la cual determinó que el presidente del Gobierno no necesitaba abstenerse en la aprobación del rescate, “pese a que la justicia nacional había requerido una investigación exhaustiva sobre el hecho de que Sánchez respaldó una empresa que patrocinaba el negocio de su esposa”.
“Este caso suscita dudas sobre la independencia e imparcialidad de un organismo que, estando jerárquicamente sujeto al propio Gobierno, debe resolver sobre la conducta del jefe del Ejecutivo. Es exactamente como poner al zorro a cuidar del gallinero”, señaló Montserrat.
La parlamentaria recuerda que la jurisprudencia europea y los estándares del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) demandan que los órganos de prevención de conflictos de intereses deben mantener una independencia real.
“La independencia del órgano y por tanto de la decisión no está garantizada en estas circunstancias”, advierte Montserrat, quien en su cuestionamiento pide a la Comisión Europea aclarar si la OCI satisface “las exigencias de independencia e imparcialidad” del Estado de Derecho y qué acciones se tomarán para asegurar investigaciones autónomas y efectivas en los Estados miembros.
Además, la eurodiputada indaga sobre los posibles efectos del rescate de Air Europa en el mercado interior europeo, señalando que la decisión se tomó en el Consejo de Ministros liderado por Sánchez, mientras su esposa gestionaba un centro universitario que estableció acuerdos de patrocinio con Wakalua, hub de innovación de Globalia, grupo matriz de Air Europa.
Montserrat pregunta si estos lazos familiares podrían infringir los principios de neutralidad y libre competencia y qué medidas adicionales considera necesarias la Comisión para garantizar la transparencia en la concesión de ayudas de Estado.