QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Partido Popular ha presentado una proposición no de ley en el Congreso con el objetivo de que se exija al Gobierno la implementación «efectiva, completa y sin dilación alguna» de la decisión del Tribunal Supremo que manda la devolución de las pinturas murales del Real Monasterio de Santa María de Sijena, actualmente alojadas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC).
Según la exposición de motivos de la propuesta, que ha sido reportada por Europa Press, el PP recuerda que el Tribunal Supremo emitió el 27 de mayo una sentencia definitiva que ordena la devolución de estas obras a Aragón, reconociendo la propiedad aragonesa y rechazando los recursos interpuestos por la Generalitat de Cataluña y el MNAC.
«La sentencia del Tribunal Supremo es clara, definitiva y de obligado cumplimiento», afirma la proposición, destacando que no se permite ninguna interpretación o excusa que pueda justificar su no ejecución o retraso. El Grupo Popular critica que es «inadmisible que ciertas fuerzas políticas o entidades, amparadas en ideologías o intereses partidistas, busquen obstaculizar o demorar la ejecución de una sentencia firme».
Y QUE EL MINISTERIO COOPERE CON ARAGÓN
Por otra parte, la proposición solicita al Ministerio de Cultura, que forma parte del Patronato del MNAC, que «coopere plenamente con las autoridades competentes del Gobierno de Aragón para asegurar la entrega, traslado y adecuada reinstalación de las obras en el Monasterio de Sijena».
El PP también pide garantizar que los procedimientos técnicos requeridos para la reinstalación de las pinturas se realicen «con todas las garantías de seguridad, conservación y respeto al valor artístico de las obras, siguiendo los criterios científicos y patrimoniales más apropiados».
La PNL enfatiza que la devolución de las pinturas «es una deuda histórica con el pueblo aragonés y una obligación ineludible en un Estado de Derecho», y alerta sobre cualquier intento de retraso o de reabrir debates técnicos o administrativos ya decididos por la justicia, donde el Congreso «debe posicionarse con firmeza del lado de la legalidad, de la protección del patrimonio y del respeto a las decisiones judiciales».
