QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El diputado de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna, ha lanzado un aviso al Gobierno y a la ministra de Sanidad, Mónica García: no respaldarán con sus votos la iniciativa del Ejecutivo para derogar la normativa que permite la gestión privatizada de la sanidad si no se trata de una propuesta efectiva y completa.
Al mismo tiempo, ha adelantado que su grupo registrará en el Congreso una proposición de ley propia para suprimir dicha ley, en un contexto marcado por la polémica en torno al Hospital de Torrejón (Madrid) y el presunto rechazo de pacientes considerados no rentables por la empresa que gestiona el centro.
“Si lo que nos presenta el Gobierno es una propuesta a medias, si es una propuesta que no garantiza recuperar la titularidad y la gestión pública de los centros públicos, o que deroga de verdad la ley 15797 y se prohíbe de verdad la privatización, sin excepciones y puertas ratas por detrás (…) No se va a poder contar con los votos de Podemos”, ha manifestado en rueda de prensa en la Cámara Baja.
El parlamentario de la formación morada ha rememorado que en la pasada legislatura ya se abrió el debate sobre la desprivatización del sistema sanitario, a raíz de las declaraciones públicas de la entonces ministra de Sanidad, Carolina Darias, pero ha subrayado que aquel proyecto de ley del Gobierno no tenía la ambición necesaria y Podemos votó en contra.
En línea con ello, ha precisado que solo apoyarán una reforma que ponga fin de manera total a la gestión externalizada en la sanidad pública. Ha añadido que Podemos registrará su propia proposición de ley para derogar esta norma, aprobada en su día bajo el Gobierno de José María Aznar, y que su formación también plantea cambios en la ley de contratos del sector público.
Posibles delitos en el Hospital de Torrejón
Sánchez Serna ha enmarcado esta ofensiva parlamentaria en la controversia generada por el grupo Ribera Salud, responsable de la gestión del Hospital de Torrejón, tras la difusión de audios de su CEO en los que se aludiría al presunto rechazo de determinados pacientes o de pruebas diagnósticas que no resultarían rentables para la empresa.
En este contexto, ha censurado que existan planes para “elevar listas de espera para reducir costes y magnificar beneficios de empresas”, algo que, a su juicio, resulta incompatible con una democracia que no puede dejar la salud de la población en manos de “CEOs sin escrúpulos”.
Según ha señalado, este caso podría encajar en posibles delitos contra el interés general de la ciudadanía “que no pueden quedar impunes”, motivo por el que Podemos ha presentado una querella contra el grupo Ribera Salud.
En cualquier caso, ha insistido en que no basta con que el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, “acabe delante de un juez”, sino que ve imprescindible reformar el marco legal para expulsar de la sanidad pública a compañías que tratan la salud como un “Excel” y para apartar a “gobiernos cómplices” con ese modelo, como el que encabeza Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.
