La líder de Podemos, Ione Belarra, ha lanzado acusaciones contra el Tribunal Supremo, describiéndolo como partícipe de una ‘guerra sucia judicial y política’ para eliminar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con el fin de ocultar actos de corrupción vinculados a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y su compañero Alberto González Amador.
En una entrevista para ‘TVE’, citada por Europa Press, Belarra ha expresado que el Tribunal Supremo ha ‘condenado a una persona inocente’, enviando un mensaje intimidante hacia aquellos que puedan afectar los ‘intereses político de Ayuso’ y disuadir a futuros candidatos para la Fiscalía General del Estado.
Belarra ha criticado también que el Tribunal Supremo haya adelantado su veredicto sin tener aún redactada la sentencia, lo que implica desconocer los fundamentos jurídicos que justifican la inhabilitación de García Ortiz por dos años por un delito de revelación de secreto contra González Amador.
LA JUSTICIA NO HIZO LA ‘TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA’
Además, ha resaltado la coincidencia de la fecha del fallo con el aniversario de la muerte de Franco, insinuando que la Justicia española no ha completado su proceso de democratización. Igualmente, ha atacado al PSOE por ceder el Consejo General del Poder Judicial ‘a la derecha’ y ha instado a una reforma de la Ley para una elección del órgano judicial que refleje una ‘mayoría plurinacional’, sin depender del PP.
‘Hay que democratizar de verdad la justicia’, insistió Belarra, subrayando que la condena a García Ortiz es más un acto político que judicial, enmarcado en un ‘lawfare’ para desviar la atención del presunto delito fiscal de la pareja de Ayuso, a quien ha calificado como la ‘presidenta más corrupta del PP’. Además, sugirió que la sentencia podría estar influenciada por la postura del fiscal sobre la Ley de Amnistía y la Ley del ‘solo sí es sí’.
Belarra también mencionó que, si fuera por filtraciones, ‘habría muchos jueces condenados’, aludiendo a cómo Podemos se ha enterado por la prensa de decisiones en procesos judiciales que les conciernen.