Podemos exige al Gobierno paralizar contratos con Acciona ante posibles irregularidades, según UCO

Podemos urge al Gobierno a suspender cautelarmente los contratos con Acciona tras revelaciones de la UCO.

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Podemos ha solicitado en el Congreso que se suspendan de manera cautelar todos los contratos públicos con Acciona y sus filiales mientras continúen los indicios de supuestos pagos de ‘mordidas’ relacionados con la trama Koldo, según un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

La formación morada ha presentado una proposición no de ley para su debate en el Pleno del Congreso, motivada por un informe de la UCO que apunta que Servinabar, empresa asociada al exdirigente socialista Santos Cerdán, recibía ‘el 2% neto’ de las adjudicaciones logradas con Acciona Construcción.

Por otro lado, Acciona Construcción ha rechazado las acusaciones sobre el pago de comisiones y ha decidido suspender temporalmente a los empleados implicados en la investigación, Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel, sin atribuirles responsabilidad anticipada.

Este miércoles, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha urgido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a tomar medidas para que Acciona no reciba más fondos públicos, calificando cualquier acción contraria como ‘indecente’ dado el contexto del caso Koldo. Belarra incluso sugirió que los directivos deberían enfrentarse a condenas de cárcel.

La propuesta de Podemos subraya que los escándalos de corrupción son un fenómeno ‘sistémico’ estrechamente ligado a la ‘dinámica bipartidista’ que ha estremecido a la sociedad española recientemente.

ACTUAR CONTRA LAS EMPRESAS ‘CORRUPTORAS’

La iniciativa destaca que una parte crucial de los escándalos de corrupción se encuentra en la contratación pública, donde algunas empresas ofrecen comisiones ilegales para obtener ventajas en las adjudicaciones. Podemos recuerda que el juez ha imputado a Justo Vicente Peregrino, exdirector de Acciona Construcción, y a otros dos altos cargos de la empresa.

Podemos enfatiza que es fundamental prohibir el acceso a la contratación pública a las entidades implicadas en prácticas corruptas para prevenir la corrupción, fomentar la vigilancia interna y enviar un mensaje claro a la ciudadanía de que la corrupción no debe ser rentable.