La candidata de Podemos a la Presidencia de Aragón, María Goikoetxea, ha reclamado que se ponga fin a la “represión” contra 'Los 6 de Zaragoza' y ha denunciado el “abandono institucional” que, a su juicio, sufren las familias de los jóvenes encarcelados.
Goikoetxea ha realizado estas declaraciones a las puertas del Centro Penitenciario de Zuera (Zaragoza), acompañada por el integrante del Consejo Ciudadano estatal de Podemos, Francho Aijón, padre de uno de los reclusos, y por el coordinador autonómico de la formación, Ricard Mitjana.
En este centro penitenciario cumple condena uno de los jóvenes sentenciados por delitos de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y lesiones, a raíz de los incidentes ocurridos durante una protesta en Zaragoza el 17 de enero de 2019 contra un mitin de Vox.
La dirigente de Podemos ha querido poner el foco en la situación de uno de los integrantes de 'Los 6 de Zaragoza', que continúa en prisión después de que se le haya denegado el indulto.
Los portavoces han remarcado que la cárcel de Zuera se ha transformado en el “símbolo del castigo a la disidencia política”.
“Esta cárcel de Zuera se ha convertido en un símbolo de la represión más atroz de la ciudadanía corriente que sale a manifestarse, a reivindicar sus derechos y sobre todo vemos que esto se da cuando viene desde posiciones antifascistas y es algo que no se puede consentir. De hecho, para ser demócrata hay que ser antifascista y a estas personas habría que protegerlas”, ha defendido la candidata de Podemos.
Transporte y atención sanitaria en la prisión de Zuera
Goikoetxea ha subrayado también que la actual política penitenciaria impacta de lleno en las familias, citando el caso de padres como Francho Aijón, que padecen el “desgaste emocional y económico de un sistema que considera está diseñado “para aislar”.
Desde los accesos al recinto, la organización ha denunciado el aislamiento geográfico que soportan las familias de los internos. Han recalcado que el transporte público no cubre todos los tramos horarios de visita, lo que convierte el derecho a visitar a un ser querido en “un privilegio de quien tiene coche”.
“El último autobús sale a las 20.00 horas y los permisos son de 18.30 horas a 20.30 horas, lo que supone que muchas familias están media hora menos con sus hijos o que directamente tienen que contratar lo que se conoce como 'taxis piratas', que es gastarse unos 50 euros con poca seguridad”, ha explicado Aijón.
Por este motivo, ha instado al Gobierno de Aragón a asumir sus responsabilidades, recordando que, aunque el centro depende de la Dirección General de Centros Penitenciarios del Ministerio del Interior, se integra en la demarcación sociosanitaria y “debería tener algún tipo de competencia”.
“Esto no es un problema técnico, es falta de voluntad política del Gobierno de Aragón”, han afirmado, señalando al Ejecutivo de Jorge Azcón.
Podemos reclama un refuerzo urgente de las líneas de autobús y una adecuación de los horarios para impedir que la prisión funcione como un factor de exclusión social para personas mayores, trabajadores precarios y familias sin vehículo propio.
La atención sanitaria ha constituido el otro gran bloque de sus críticas. Han puesto como ejemplo el caso de Imad, uno de los jóvenes encausados, que esperó cinco meses para acceder a tratamiento de salud mental fuera del centro penitenciario, lo que, según la formación, evidencia una “deficiencia estructural grave”.
Además, han recordado que esta situación de precariedad puede tener consecuencias fatales, mencionando que en marzo de 2023 se produjo una agresión casi mortal en la prisión en un momento en el que no había médico presencial, dejando la atención de urgencia en manos de personal sin el respaldo facultativo necesario.
“La falta de médicos en el Complejo Penitenciarios es una clara dejación de funciones por parte del Estado Español. Su condena es la privación de libertad, no de asistencia sanitaria”, ha expuesto el miembro del Consejo Ciudadano estatal de Podemos y padre de uno de los jóvenes “represaliados”.