Podemos Cantabria ha expresado su desacuerdo con el Plan de Gestión del Lobo en la región, presentando alegaciones para demandar su reformulación y la ‘eliminación total de los controles letales’, abarcando tanto los ordinarios como los excepcionales.
El plan, implementado por el Gobierno regional tras la desclasificación del lobo del LESPRE, determina un límite de 41 extracciones de ejemplares para el período 2025-26, de las cuales ya se ha ejecutado casi la mitad a principios de este mes.
El partido morado ha presentado objeciones al borrador de decreto que ratifica el plan autonómico, argumentando que ‘normaliza y legitima el control letal’ de estos animales como estrategia ‘prioritaria’, lo cual ‘supone un retroceso en la conservación de la biodiversidad y transgrede las normativas estatal y europea’.
En detalle, Podemos indica que el decreto ‘contraviene’ la Directiva Hábitats y la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, al permitir que se extraiga hasta el 20% de la población de lobos ‘sin acreditar necesidad ni proporcionalidad’.
Además, el partido advierte que el plan ‘ignora el principio de precaución y el derecho constitucional a un medio ambiente adecuado’ y afirma: ‘Autorizar cupos genéricos sin motivación individualizada puede resultar inconstitucional’.
Podemos también cuestiona la metodología usada para estimar la población de lobos, que según ellos ‘sobrevalora’ la cifra en Cantabria, y critica que las multas por la muerte ilegal de estos animales, establecidas en 10,000 euros, son ‘muy por debajo de su valor ecológico real’.
CONSERVACIÓN, PREVENCIÓN DE DAÑOS Y REFORMULACIÓN DE LA MESA DEL LOBO
Por lo tanto, frente a la propuesta del Gobierno de Cantabria, Podemos propone un manejo del lobo basado en ‘la convivencia y conservación’ y en la ‘no eliminación de ejemplares’.
El partido propone implementar una estrategia que priorice la prevención de daños, ofrezca compensaciones ‘justas’ a los ganaderos por los perjuicios causados por los lobos y promueva la coexistencia entre la actividad rural y la fauna salvaje.
Finalmente, solicitan una revisión de la Mesa del Lobo para asegurarse de que al menos la mitad de sus miembros sean representantes de entidades científicas y de conservación, garantizando así decisiones basadas en criterios ‘técnicos y ambientales’.