Policías nacionales y guardias civiles se han concentrado este sábado en Madrid para reclamar al Gobierno la equiparación de sus sueldos con los de los Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza y distintas policías locales, así como una jubilación adecuada y el reconocimiento oficial de “profesión de riesgo” para ambas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La protesta, promovida por la asociación Juntos PolGC y a la que han acudido unas 1.500 personas, según la Delegación del Gobierno, ha insistido en que el Ejecutivo desoye sus demandas de igualdad retributiva respecto a otros cuerpos autonómicos. Recuerdan que llevan años intentando culminar el acuerdo de equiparación salarial firmado en 2018 por el entonces Gobierno del Partido Popular junto a sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles.
“Tenemos una equiparación salarial que el ministro del Interior no contempla cuando se firmó el acuerdo con el PP en 2018. Estamos pidiendo por la pérdida de autoridad que el año pasado agredieron a 16.000 compañeros en toda España. Y si no protegen a los que protegemos, mal Estado de Derecho llamamos”, ha manifestado el portavoz de Juntos PolGC, Alfredo Perdiguero.
Desde la asociación subrayan que se niegan a ser “policías de segunda” y denuncian que se sienten discriminados “a nivel jurídico y a nivel institucional” al no contar con el reconocimiento de “profesión de riesgo” por parte de la Unión Europea. Recuerdan que, en contraste, los Mossos d'Esquadra, la Policía Foral de Navarra, la Ertzaintza y los Bomberos sí figuran como profesiones de riesgo en España.
“Si las entidades del Gobierno que deben defendernos no lo hacen ni cuando nos asesinan, que esperamos estando vivos”, ha insistido Perdiguero, aludiendo a la falta de medios en la Guardia Civil y a los agentes asesinados en Barbate (Cádiz) por una narcolancha en febrero de 2024.
Perdiguero también ha censurado la “falta de atención” del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, hacia la situación económica de los agentes una vez pasan a la jubilación, etapa en la que denuncian una notable pérdida de poder adquisitivo.
Los manifestantes han recalcado que el deterioro de sus condiciones laborales repercute directamente en la ciudadanía, que es quien finalmente padece las consecuencias de la falta de recursos.
Por este motivo, reclaman un incremento del presupuesto destinado tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil para poder desempeñar su labor con mayor eficacia y reforzar la seguridad en las calles, aunque sostienen que no se les están facilitando las “herramientas para trabajar” imprescindibles para ello.