QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, ha manifestado que, tras la decisión del Gobierno de Madrid de no implementar un registro de objetores al aborto y la posterior intención del Ministerio de Sanidad de judicializar el asunto, es preferible acudir a la justicia ante cualquier incertidumbre sobre la aplicación de una ley.
“Las leyes se cumplen o si hay cuestiones, se modifican. Y cuando hay dudas en su aplicación, debe ser la vía judicial la que debe resolver. Y eso es lo que se ha planteado”, explicó Bravo en una conferencia de prensa en la sede del PP, al ser consultado sobre si ‘Génova’ apoya a Ayuso en su postura.
Por otro lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que se solicitará a la Abogacía del Estado interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la Comunidad de Madrid por su negativa a crear dicho registro.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se defendió alegando que solo “un dictador” puede forzar a los profesionales de la salud a actuar en contra de su voluntad, criticando además la percepción del presidente sobre la realidad española.
Bravo remarcó que las leyes “o se modifican o se cumplen”. “Pero una de las dos cuestiones se tiene que hacer y cuando hay diferencias se tiene que acudir a la vía judicial para hacer esa resolución”, agregó, refiriéndose a la situación de desacuerdo legal con la administración de Ayuso.
Adicionalmente, Bravo recordó que recientemente el Congreso aprobó unas enmiendas del PP a la Ley de Movilidad, a lo que el ministro de Transportes, Oscar Puente, respondió que no se acatarían, destacando una inconsistencia en el cumplimiento y aplicación de las leyes.
