QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El PP ha recriminado este miércoles al Gobierno que esté “impedir la alternancia política” y ha situado al Poder Judicial como el “último valladar para impedir el asalto a la democracia” que, a su juicio, “está en peligro”. Frente a ello, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, ha urgido a los ‘populares’ a “asumir de una vez” la legitimidad del Ejecutivo, remarcando: “Vamos a gobernar sin pedirles perdón y sin pedirles permiso”.
Durante el debate de la moción del PP para que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, comparezca por “el deterioro sin precedentes” de las instituciones tras la condena al ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, Simancas ha reprochado a los ‘populares’ que pretendan lanzar “advertencias de carácter moral” cuando, según ha dicho, arrastran “una historia demasiado dura”, citando entre otros episodios el intento de “prohibir investigar el mayor robo de urnas de la historia de nuestra democracia en el Tamayazo”.
El diputado socialista les ha echado en cara haber emitido corridas de toros en la radiotelevisión pública valenciana mientras los ciudadanos “pedían justicia para sus muertos”; haber promovido manifestaciones “contra el amor”, en referencia a la ley del matrimonio igualitario; y haber convivido “perfectamente” con la corrupción y el abuso de poder: “Tienen casos para todo el abecedario”.
Simancas también ha acusado al PP de “criminalicen al adversario” y de “patrimonialicen el poder”, advirtiendo de que, si tuvieran capacidad para ello, “inhabilitarían y expulsarían a la mayoría de los diputados”.
“Secuestran el Parlamento”
En defensa de la iniciativa del PP, el diputado Javier Noriega ha subrayado que la resolución judicial de 184 folios contra el exfiscal general “justifica debidamente su condena”. Ha responsabilizado al Ejecutivo de ser “el que más ha atacado a la Constitución” y ha mencionado, entre otros aspectos, el incumplimiento de la obligación de presentar Presupuestos en plazo.
Noriega ha acusado al Gobierno de “secuestrar el Parlamento”, de abusar del decreto ley y de “potenciar el guerracivilismo y la polarización”. A su entender, “la única razón de ser de este Ejecutivo es impedir la alternancia política”.
El representante del PP ha cargado además contra RTVE, reprochando al PSOE haber “asaltado” su Consejo de Administración el día de la dana en Valencia y calificando al ente público como una estructura de “propaganda”.
“El PP se chupa el dedo”
Desde Vox, Ignacio Hoces ha coincidido en el diagnóstico de degradación institucional, pero ha tachado la propuesta del PP de “cándida, ingenua e injusta”, asegurando que sus dirigentes todavía “se chupan el dedo”. Por ello, su grupo ha registrado una enmienda destinada a garantizar “la idoneidad, la imparcialidad y la independencia” del próximo fiscal general, y a vetar el nombramiento de perfiles que considera “de notorio perfil ideológico”, como en su opinión ocurre con la nueva fiscal general, Teresa Peramato.
Hoces ha reprochado igualmente al PP que lleve “décadas repartiéndose instituciones” con el PSOE, citando expresamente el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y RTVE: “Ustedes siguen buscando al PSOE bueno”. A renglón seguido, ha defendido que “la verdadera libertad política está en el imperio de la ley”.
“Villancico navideño” para Sumar
Por su parte, Gerardo Pisarello (Sumar) ha descrito la posición de PP y Vox como “un villancico navideño” y un “remix” de consignas como “gobierno ilegítimo” y “con Franco vivíamos mejor”. Ha ironizado sobre “los fantasmas de las Navidades pasadas” y ha alertado frente a “los falsos reyes del PP y Vox”.
En nombre del PNV, el diputado Mikel Legarda ha considerado “más atendible” el voto particular absolutorio de la sentencia a García Ortiz que el fallo condenatorio y ha denunciado el “grave daño” institucional que, a su juicio, producen estas resoluciones, “entreabriendo la puerta a alternativas autoritarias”.
Mientras, el parlamentario de Junts Josep Pallés (ERC) ha sostenido que “hay precedentes” de instrumentalización de la Fiscalía bajo gobiernos del PP y ha defendido que la condena a García Ortiz “no se puede comparar con la brutal represión penal, policial, tributaria y mediática contra el independentismo”. Ha acusado además a la Fiscalía de que “promueve relatos mediáticos” y despliega una “actividad de comunicación impropia de sus funciones”.
Sánchez, “por encima de la ley”
El Pleno también ha abordado una moción de Vox sobre las medidas que debería adoptar el Ejecutivo tras la condena al fiscal general del Estado. En su defensa, el diputado Ignacio Gil Lázaro ha denunciado que el Gobierno “prosigue en su acoso a la Justicia” y ha convertido a la Fiscalía “en un instrumento a su servicio”.
Gil Lázaro ha alertado de un “intento de control político” del Poder Judicial mediante las reformas impulsadas por Bolaños, con las que, según ha señalado, “pretende facilitar el acceso a ambas carreras a personas afines” y “conceder la instrucción de las causas penales a la Fiscalía” restringiendo “la presencia de la acción popular”. Además, ha acusado a Pedro Sánchez de sentirse “por encima de la ley e impune ante ella”.
La moción de Vox incluye asimismo la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los 12 vocales de procedencia judicial del CGPJ sean elegidos por “elección directa, personal, secreta” y que la antigüedad se convierta en “el único criterio válido” para acceder a plazas del Tribunal Supremo y a presidencias de tribunales.
El PP respalda la moción de Vox
En su intervención, el diputado del PP Agustín Conde ha anunciado que su grupo votará a favor de la moción de Vox, que se mantiene sin enmiendas porque, según ha explicado, “en tiempos como estos no son momentos de mostrar discrepancias, sino de exhibir coincidencias”.
Conde ha advertido de que, cuando el presidente del Gobierno, sus ministros y el portavoz socialista “se permiten el lujo de atacar la sentencia del Supremo, se está haciendo un ataque intolerable, inasumible al Poder Judicial”. Y ha planteado la duda de “si la ley es igual para todos o si va a resultar que los señores de la izquierda y la extrema izquierda son más iguales que otros”.
En esa línea, ha concluido que “la democracia española está en peligro y el Poder Judicial es el último valladar para impedir este asalto a la democracia”.
“Discrepar no es quitar legitimidad”
En nombre del PSOE, el diputado Joaquín Martínez Salmerón ha defendido que España “es una democracia plena, respetada en Europa y admirada por sus avances sociales”.
En relación con la sentencia del Tribunal Supremo, ha recalcado que su grupo “respeta el fallo, pero respetar no es compartir y discrepar no es quitar legitimidad”; y ha reclamado “responsabilidad” a quienes “deben de confiar en las instituciones del Estado”, precisando que “también tienen derecho aquellos que pueden discrepar legítimamente”.
Instrucción “invasiva” y críticas al PP y Vox
En la misma línea crítica con la condena, el portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago, ha opinado que el enjuiciamiento a García Ortiz es “incompatible con el principio acusatorio y los estándares de independencia judicial”, y ha censurado que la instrucción “ha sido invasiva”.
Santiago sostiene que el fallo “busca impedir la condena a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por defraudar impuestos” y ha acusado a Vox y al PP de “coordinarse “para amedrentar a los fiscales”.
Por otro lado, la diputada de ERC Pilar Vallugera ha descrito España como “un Estado fallido” y, respecto a la sentencia contra el fiscal general, ha hablado de “prevaricación”, responsabilizando a sus impulsores de “destruir el Estado de derecho de su Estado”.
