El Partido Popular ha presentado una queja formal ante la Comisión Europea este miércoles, acusando al Gobierno, y en particular al ministro de Transporte, Óscar Puente, de perseguir a periodistas que cubren temas judiciales o políticos delicados. Esta situación ha sido descrita como una serie de infracciones crecientes contra la libertad de prensa.
En el documento enviado, Dolors Montserrat, vicepresidenta del Grupo del Partido Popular en el Parlamento Europeo, ha expresado su preocupación a Michael McGrath, comisario europeo de Justicia, y a Henna Virkkunen, vicepresidenta de Democracia, sobre el “constante hostigamiento y ataques públicos” a periodistas en España. Según Montserrat, estas acciones derivan de un Gobierno liderado por Pedro Sánchez, que se ve “acorralado por los escándalos de corrupción” y busca “amordazar la libertad de prensa”.
Montserrat ha solicitado a Bruselas que actúe de forma inmediata y no espere al próximo informe sobre el Estado de Derecho para “hacer un seguimiento estrecho de la situación de la libertad de prensa en España y de los ataques a periodistas que informan sobre casos judiciales vinculados al Gobierno o sobre asuntos que no son de su interés”.
La misiva menciona a periodistas como David Alandete, Ketty Garat y Elisa Beni, quienes han sido objeto de descalificaciones públicas por parte de miembros del Gobierno, incluyendo a Puente. Además, recuerda el caso de José Ismael Martínez, agredido por “radicales abertzales” en la Universidad de Navarra.
“Estos ataques crean un ambiente de intimidación que perjudica la independencia de los medios y compromete la seguridad e integridad de los periodistas, afectando negativamente el derecho de los ciudadanos a acceder a una información veraz y diversa”, advierte Montserrat en la carta dirigida a la Comisión Europea.
Además, la ex ministra critica la nueva legislación sobre el derecho al secreto profesional de los informadores, sugiriendo que “podría amordazar al periodismo de investigación, impedir la publicación de informaciones de interés público y otorgar a jueces competencias ambiguas sobre la interpretación de seguridad nacional”.
“El Gobierno no divulga públicamente los montos adjudicados ni responde a solicitudes formales de información, a pesar de las leyes de transparencia”, concluye la eurodiputada del PP en su comunicación.