El senador del Partido Popular por Cádiz y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha anunciado su intención de formular una serie de interrogantes en el Senado respecto a la elección del Gobierno de España de «discriminar» al Campo de Gibraltar en la asignación de los recursos obtenidos de los bienes decomisados al narcotráfico, destinados a sustentar programas y proyectos para prevenir este flagelo social.
En un comunicado del PP, Landaluce ha calificado de «absolutamente inconcebible» que la provincia de Cádiz, «la cuarta de España en la que más bienes son incautados a las redes dedicadas al narcotráfico, quede prácticamente al margen de esta distribución».
Ha enfatizado que Cádiz es un área que «necesita no solo incrementar los recursos destinados a la lucha contra los ilícitos, sino también poner en marcha los mecanismos preventivos que posibiliten que especialmente los más jóvenes se alejen de la posibilidad de caer en estas redes mafiosas».
«Una vez más, y ya hemos perdido la cuenta, Pedro Sánchez y sus ministros dan la espalda a la comarca del Campo de Gibraltar, una de las más importantes de toda España, y que está sometida a unas tensiones especiales que no se dan en otros territorios, pero para su Gobierno se ha convertido ya en un mantra despreciar a los campogibraltareños», lamentó Landaluce.
Prosiguiendo, Landaluce ha acusado al Gobierno de «castigar» a la comarca «sin inversiones en infraestructuras, sin atender a la masiva petición de la declaración de zona de especial singularidad, sin dar respuesta a las muchas incógnitas y oscuridades que rodean al acuerdo sobre Gibraltar, y ahora también, dando más fondos a otras zonas de España que no están afectadas por la misma problemática que nosotros», en alusión al narcotráfico.
Esta «misérrima distribución», criticó, «supone una ofensa para los profesionales que a diario tienen que luchar contra las redes criminales que se dedican al tráfico de drogas y a las que asestan duros golpes para suprimir algunas de sus fuentes de financiación, caso del blanqueo de capitales».
Según sus declaraciones, «las Fuerzas de Seguridad del Estado, Vigilancia Aduanera y la Administración de Justicia observan con sorpresa cómo el resultado de sus esfuerzos, conseguido en ocasiones poniendo en juego incluso sus vidas, beneficia a otras provincias españolas que ni siquiera enfrentan este problema».
Con determinación, ha asegurado que «no nos van a callar» y que continuarán demandando «lo que en justicia nos corresponde».
Finalmente, ha señalado que exigirán la implementación de acciones que permitan combatir el narcotráfico «desde todos los frentes posibles», siendo «fundamental» la implementación de programas y actividades educativas que proporcionen a los jóvenes «la preparación necesaria que les posibilite acceder en las mejores condiciones al mercado laboral», una meta que «con decisiones como esta se encuentra muy lejos de poder alcanzarse».