El Partido Popular tiene la intención de utilizar la primera sesión plenaria del nuevo ciclo político para proponer una votación que presione al presidente Pedro Sánchez a reconocer las ‘responsabilidades políticas’ debido a los escándalos de corrupción asociados a su entorno, así como a aceptar su condición de minoría en el parlamento y ‘dar la palabra a los ciudadanos cuanto antes’ avanzando las elecciones.
Esta acción se origina a partir de una moción introducida por el PP en los últimos días de junio, resultado de una interpelación de la líder ‘popular’ Cuca Gamarra a la vicepresidenta María Jesús Montero durante aquella sesión.
DECADENCIA, PÉRDIDA DE CRÉDITO Y APOYOS MENGUANTES
Originalmente, el PP presentó un texto que exigía al Gobierno reconocer ‘su completa pérdida de crédito, su irreversible decadencia y su definitiva mengua de apoyos parlamentarios’, sugiriendo que se terminara la legislatura para que ‘el pueblo español pueda elegir un Gobierno nuevo, limpio y libre’. Posteriormente, el texto fue modificado para sortear posibles bloqueos por parte de la Mesa del Congreso, remarcando que la debilidad parlamentaria ‘exigiría que el pueblo español pudiera elegir cuando antes un Gobierno nuevo, limpio y libre’.
Además, el PP reclama que, en el tiempo restante, el Gobierno asegure ‘la transparencia, el control parlamentario y la rendición de cuentas’ dentro del Ejecutivo y la Administración General del Estado, poniendo especial énfasis en ‘los mecanismos de contratación pública y nombramiento de altos cargos’.
Aunque Vox había intentado una maniobra similar en junio para forzar a Sánchez a ‘ejercer de inmediato la facultad exclusiva que le confiere la Constitución para disolver las Cortes y convocar elecciones generales’, tuvieron que suavizar su propuesta para evitar impedimentos en la Mesa del Congreso.
Recientemente, la Mesa del Congreso, dominada por votos del PSOE y Sumar, presentó dificultades para calificar una propuesta de Junts que desafiaba a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, a pesar de que no hubo oposición de los letrados. Los independentistas modificaron el contenido de su iniciativa para que superara el control del órgano rector de la Cámara, aunque no llegó a votarse.
Un caso anterior de otoño de 1995 muestra que Coalición Canaria consiguió llevar al Pleno una iniciativa en la que se pedía a Felipe González, entonces presidente del Gobierno, que adelantara las elecciones generales. Aunque antes de la votación, González acordó con CiU celebrar los comicios en marzo de 1996.
El texto votado en aquella ocasión, promovido por el portavoz de CC, José Carlos Mauricio, era: ‘El Congreso insta al presidente del Gobierno a que, ante la grave crisis política, haga uso de sus prerrogativas constitucionales y convoque con carácter urgente elecciones generales’.