QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Miguel Tellado, secretario general del PP, ha declarado este miércoles que el anteproyecto de ley de Secretos Oficiales que el Gobierno presentará en el Congreso para su debate ‘no es una prioridad’ para los ciudadanos españoles, quienes están más preocupados por ‘el problema de la vivienda’ y otros temas urgentes.
En una entrevista en ‘Las mañanas’ de RNE, recogida por Europa Press, se le preguntó si apoyan la idea de desclasificar archivos de la Transición y la dictadura de Francisco Franco, a lo que el dirigente del PP ha respondido que lo analizarán ‘pormenorizadamente’, aunque aseguró que no es una demanda popular.
‘Conocimos el texto ayer. Vamos a estudiarlo pormenorizadamente. Desde luego no es una prioridad de la sociedad española, se lo puedo asegurar’, comentó, añadiendo sarcásticamente que como no pertenece al PSOE y puede ‘salir mucho a la calle’ sin que le ‘increpen’, nadie le ha mencionado esta ley.
Según Tellado, la ciudadanía le indica que es crucial ‘arreglar el problema de la vivienda’ y solucionar ‘muchos problemas en nuestro país’. ‘Pero desde luego por la Ley de Secretos Oficiales la gente no nos pregunta’, concluyó el secretario general del PP.
El Consejo de Ministros aprobó este martes en segunda instancia el proyecto de ley de información clasificada, que establece un límite de 45 años para la desclasificación automática de documentos considerados de alto secreto, lo que permitiría revelar datos sobre el intento de golpe de Estado del 23-F si la normativa se concreta a finales de este año, ‘salvo que afectara a la seguridad nacional y la defensa’.
Así lo detalló Félix Bolaños, ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, en una conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros. La nueva normativa, que sustituirá a la ley franquista de secretos oficiales de 1968, será enviada al Congreso para iniciar su proceso parlamentario.
Además del límite de 45 años para desclasificar información de alto secreto, el proyecto también contempla una posible prórroga de 15 años. El Consejo de Ministros será el ente encargado de decidir sobre este aspecto. Respecto a la documentación de secreto, el plazo para hacerla pública será de 35 años, con una posible extensión de 10 años. Los documentos clasificados como confidenciales deberán ser desclasificados entre 7 y 9 años, sin prórrogas, y la información restringida deberá ser pública entre 4 y 5 años, también sin prórrogas.
