QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha criticado la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de otorgar a una empresa china la responsabilidad de manejar y almacenar las escuchas policiales, tachándola de irresponsabilidad. Ante esta situación, el PP ha solicitado la comparecencia en las Cortes de los ministros Fernando Grande Marlaska (Interior); Margarita Robles (Defensa) y José Manuel Albares (Exteriores).
En una conferencia de prensa en la sede del partido, Bravo mencionó el contrato de 12,3 millones de euros que el Ministerio del Interior ha otorgado a la empresa china Huawei para que administre y almacene digitalmente las escuchas telefónicas ordenadas judicialmente.
El PP considera que este tema es extremadamente serio porque compromete la seguridad nacional y contraviene las directrices de la Unión Europea y Estados Unidos. ‘Nuestros aliados europeos y americanos advierten del alto riesgo que supone contar con una empresa china como proveedor en materiales sensibles’, enfatizó Bravo.
VEN FALTA DE LEALTAD HACIA LOS SOCIOS EUROPEOS
Bravo expresó su desconcierto sobre las razones detrás de la decisión gubernamental, especialmente porque la información confidencial española podría ser empleada por el Gobierno chino, según lo establece la Ley de Inteligencia Nacional de China.
Además, destacó que es alarmante que, a pesar de las advertencias en el Informe Anual de Seguridad Nacional de 2023 sobre la influencia de China, en los informes de 2024 y 2025 se haya eliminado cualquier mención a este país tras la adjudicación del contrato a Huawei.
Bravo ha demandado lealtad hacia los socios europeos y ha advertido que si Pedro Sánchez compromete los secretos del Estado, deberá justificar sus acciones. ‘Si Sánchez pone en peligro los secretos del Estado, tendrá que explicar por qué y nosotros le preguntaremos dónde haga falta, Congreso o Senado’, declaró.
Finalmente, ha anunciado que el PP solicitará la comparecencia de los ministros implicados en el Congreso y el Senado, así como la entrega completa del expediente de contratación y los informes de ciberseguridad que respalden esta elección, insistiendo en la necesidad de ‘garantizar la máxima protección en los ámbitos estratégicos’ y estar alerta ante los riesgos que representan las potencias extranjeras.
