Este martes, la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas decidirá sobre una propuesta de Vox que solicita una auditoría sobre los fondos que la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales destinan a la “inmigración ilegal”. La posibilidad de que esta iniciativa prospere depende en gran medida del Partido Popular (PP).
A comienzos de septiembre, Vox, bajo la dirección de Santiago Abascal, presentó dos propuestas de fiscalización para ser debatidas en dicha comisión, donde el PP y Vox tienen mayoría absoluta. No obstante, en la sesión de este martes solo se debatirá la propuesta relacionada con el gasto en “inmigración ilegal”, dejando de lado la fiscalización sobre la “gestión de los menores extranjeros no acompañados”, también sugerida por Vox.
Vox argumentó al presentar estas iniciativas que su finalidad es revelar el coste de la inmigración ilegal, el cual, según ellos, tanto el PP como el PSOE tratan de ocultar mediante la falta de transparencia administrativa, al ignorar las múltiples solicitudes de información por parte de Vox en diversas instituciones.
Estas propuestas se registraron después de que Abascal declarara en una sesión de control al Gobierno que el costo de sustentar a un inmigrante ilegal o a un menor extranjero no acompañado es superior al de mantener a un anciano español en una residencia.