QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este miércoles, el PP utilizará su predominio en el Senado para aprobar un conflicto de competencias con el Gobierno. Este enfrentamiento podría desembocar en el Tribunal Constitucional (TC) con el fin de exigir al Ministerio de Hacienda que presente de inmediato el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026 ante las Cortes.
La agenda del Pleno del Senado para este miércoles, a la cual ha tenido acceso Europa Press, incluye esta propuesta del PP para que la Cámara Alta presente un nuevo conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional relacionado con los presupuestos del próximo año.
Este sería el séptimo conflicto institucional iniciado por el PP en el Senado, destacando que antes de esta legislatura nunca se habían registrado enfrentamientos de esta naturaleza.
De acuerdo con el procedimiento de este conflicto institucional, la mayoría del PP en el Senado asegurará que esta nueva disputa prospere, adoptándola la Cámara como propia y enviándola posteriormente al Gobierno.
El Ejecutivo tiene un mes para responder desde que recibe el planteamiento del conflicto de competencias, aunque también puede optar por no responder, considerándolo así resuelto. En tal caso, o si la respuesta es negativa, el Senado decidirá si eleva el asunto al Tribunal Constitucional o desiste de continuar con él.
«ES UNA “OBLIGACIÓN” DE LA CONSTITUCIÓN»
En el documento del conflicto de competencias, el PP sostiene que el Senado “no debe admitir ni tolerar el incumplimiento” del mandato constitucional al Gobierno, “que tiene un deber constitucional de presupuestar”.
Además, los ‘populares’ señalan que no pueden “admitir” la “práctica fraudulenta” de modificación presupuestaria “al margen del Parlamento” debido a la falta de Presupuestos, ya que esto va “contraria al principio de legalidad presupuestaria”.
“La situación actual, que se va a reproducir en 2026, de mantener prorrogados unos Presupuestos de 2023, es solo comparable a la situación que se produjo en 2020, cuando se mantuvieron prorrogados los Presupuestos de 2018, ya que el Gobierno, por la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, decidió no presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de aquel año”, argumenta el PP.
El partido considera que actualmente “no existe justificación posible” para no presentar los Presupuestos, “salvo la de no haber podido llegar a un acuerdo con las fuerzas parlamentarias con el peso suficiente para asegurarse la aprobación de los mismos”.
“Y es claro que los motivos políticos no pueden ser esgrimidos para justificar la omisión del cumplimiento por parte del Gobierno de obligaciones constitucionales, impidiendo que las Cortes Generales y, en concreto, el Senado, puedan ejercer su función presupuestaria”, concluye el documento.
