QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Partido Popular ha presentado una propuesta ante el Congreso de los Diputados, instando a que se revoque la Instrucción 7/2025 emitida por el Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, la cual ha suscitado críticas por no penalizar el consumo de drogas en coches privados mientras están aparcados. En su lugar, el PP sugiere una modificación específica de la Ley Orgánica 4/2015, también conocida como ‘ley mordaza’, legislación que fue originalmente aprobada por este mismo partido.
Según se detalla en la Proposición No de Ley (PNL) para su discusión en la Comisión de Interior, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP resalta el “notable revuelo en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” debido a la “insostenible” instrucción dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad en mayo pasado.
El Ministerio del Interior ha defendido esta directiva, argumentando un vacío legal en la Ley Orgánica 4/2015, a la cual el actual Gobierno de Pedro Sánchez había prometido derogar, aunque sin éxito por la falta de consenso. Específicamente, el departamento de Grande-Marlaska cita fallos judiciales que señalan que “el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en el interior de vehículos particulares no es una conducta incluida en la infracción prevista en el artículo 36.16 de la ley de protección de la seguridad ciudadana”.
En su petición, el PP busca primero anular la Instrucción 7/2025 y promover “una reforma legislativa que aclare y amplíe el ámbito de aplicación del artículo 36.16 de la Ley de Seguridad Ciudadana”, una normativa aprobada por la mayoría absoluta del PP y que desde 2015 ha sido objeto de críticas por parte de partidos de izquierda y nacionalistas.
El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo propone una modificación del artículo 36.16 de la ‘ley mordaza’ para “incluir expresamente los vehículos particulares estacionados en la vía pública como espacios donde se pueda sancionar el consumo y la tenencia ilícita de estupefacientes”. Además, el PP solicita al Congreso que exija al Gobierno una “interpretación coherente y unificada del marco jurídico nacional en materia de estupefacientes”, en contraposición a la “interpretación estrictamente literal del artículo 36.16” y “disruptiva” realizada por el Ministerio del Interior, la cual ha sido recibida con sorpresa y críticas por los sindicatos policiales.
El principal partido de la oposición señala que la instrucción actual “presenta numerosos problemas de orden práctico, jurídico y social” tras diez años de aplicación de la ‘ley mordaza’ y menciona también otras normativas como la Ley 17/1967, de 8 de abril, “que establece un marco claro y firme respecto a los estupefacientes”. Concluye advirtiendo que la contradicción en la instrucción “mina la labor de los agentes de seguridad, erosiona el principio de autoridad y genera un mensaje de permisividad que debilita el control y prevención del consumo de drogas en el espacio público”.
