La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha solicitado este martes la destitución inmediata del comisionado del Gobierno para la reconstrucción después de la dana y presidente del PSPV, José María Ángel Batalla, al revelarse que utilizó un título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía de la Universidad de Valencia que no era auténtico para ingresar a la administración.
Muñoz se ha hecho eco de la información publicada por el diario ‘El Mundo’, en una conferencia de prensa en el Congreso, donde ha resaltado que Ángel Batalla, además de incurrir en un delito por usar un título falso, podría ver todas sus decisiones tomadas desde sus funciones gubernamentales potencialmente ‘anuladas’, incluyendo aquellas realizadas como comisionado del Gobierno.
La representante del PP también ha criticado la gestión de Ángel Batalla al mando de dicho cargo, acusándolo de ‘torpedear’ a la Generalitat valenciana, impidiéndole el acceso al FLA (Fondo Liquidez Autonómico) y señalando que las ayudas autonómicas a los damnificados por la riada han sido más ágiles que las del Gobierno central.
UN FRAUDE, COMO BERNABÉ
‘Las personas de mayor relevancia que el PSOE está promoviendo en Valencia son dos personas que son un fraude’, ha declarado Muñoz, refiriéndose a Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la comunidad, quien ‘ha estado 14 años mintiendo sobre su currículum con dos licenciaturas que no tiene’ y fue promovida a secretaria de Igualdad, ‘número cuatro’ del partido, en el último congreso federal, conociéndose ya estos datos.
Muñoz también mencionó el informe de la Guardia Civil enviado a la jueza que investiga la gestión de la dana, revelando que la Confederación Hidrográfica del Júcar no informó durante dos horas sobre la situación crítica del barranco del Poyo, que terminó desbordándose.
Al ser consultada si este informe mejora la percepción sobre el presidente valenciano, Carlos Mazón, Muñoz ha afirmado que sí. ‘Yo entiendo que hay gente que esté muy molesta con este informe porque acredita la verdad’, enfatizó, añadiendo que la falta de datos de caudales entre las 16.00 y las 19.30 horas del día de la catástrofe complicó la toma de decisiones críticas.