El Partido Popular ha requerido la presencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en ambas cámaras legislativas, el Congreso y el Senado, para que aclare el respaldo del Gobierno hacia el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, especialmente después de que el Tribunal Supremo respaldara su procesamiento en un caso que investiga una presunta revelación de secretos involucrando a Alberto González Amador, compañero sentimental de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Desde el grupo parlamentario liderado por Ester Muñoz, se ha hecho una petición formal a Francina Armengol, presidenta del Congreso, para convocar una Diputación Permanente, con el fin de debatir y decidir sobre la realización de un Pleno extraordinario donde se escuche a Bolaños. El PP manifiesta en una nota que es esencial que el ministro explique las razones que llevan al Ejecutivo a mantener su confianza en un fiscal general que está a punto de enfrentar juicio, lo cual consideran ‘una auténtica vergüenza’.
De manera paralela, el grupo del PP en el Senado ha requerido que Bolaños comparezca en la Comisión de Justicia de esta cámara para que el Gobierno esclarezca su posición al respecto.
BATERÍA DE PREGUNTAS
Los senadores del PP han presentado un conjunto de 18 preguntas, que según informa Europa Press, cuestionan la continuidad del fiscal general, el supuesto borrado de información de su móvil, el ‘daño reputacional’ a la Fiscalía por su situación legal, las acciones futuras a tomar o las justificaciones del Gobierno para no solicitar su destitución.
Además, indagan sobre si Bolaños considera apropiado al menos pedir la suspensión cautelar de García Ortiz si se confirma un juicio en su contra, si la Presidencia del Gobierno estaba informada de la ‘presunta revelación de secretos’ imputada y si considera que mantenerse como parte acusadora y acusada bajo las mismas circunstancias es congruente con el principio de imparcialidad.
Finalmente, cuestionan al ministro si considera ‘decente y acorde a un Estado democrático’ la presencia de un fiscal procesado en la ceremonia de apertura del año judicial que se celebrará en septiembre, presidida por el Rey, y si el Gobierno continúa pensando que se debe pedir perdón a García Ortiz.