Este martes, el Partido Popular (PP) presentará ante la Comisión Constitucional del Congreso una proposición no de ley (PNL) con el objetivo de que se reconozca oficialmente que la Ley de Amnistía de 2017, relacionada con el proceso independentista, no fue aprobada por motivos de ‘convivencia o reconciliación’, tal y como defendieron sus proponentes, sino como un ‘trueque o contraprestación política’ para asegurar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
La discusión de la propuesta llega en un momento clave, anticipándose a que el Tribunal Constitucional pueda emitir nuevas sentencias esta semana que mantendrán su doctrina previa y analizarán por primera vez la adecuación de la malversación en este contexto.
Según el documento de la PNL, que ha sido difundido por Europa Press, esta ley fue promovida tras los comicios del 23 de julio de 2023 como parte de un pacto con Junts, cuyos votos eran esenciales para la investidura de Sánchez. En su alegato, el PP subraya que desde Bruselas ya se ha advertido que la legislación no obedecía a un interés general, sino que buscaba asegurar ‘la impunidad de actores políticos específicos’. Además, criticaron la rápida tramitación de la ley, que se realizó sin consulta pública ni evaluaciones independientes, lo cual, según el PP, infringe principios fundamentales del Estado de Derecho como la separación de poderes y la independencia judicial.
En el debate en la Comisión Constitucional, el diputado de Junts, Josep Pagés, reconoció explícitamente que ‘la redacción actual de la ley de amnistía se tiene que imputar a Junts per Catalunya’: ‘Somos los responsables de que la redacción sea la que es’, afirmó. Del mismo modo, Jordi Turull, secretario general de Junts, admitió en junio de 2025 su participación en la redacción de la ley, mientras que Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, declaró ante el Tribunal Supremo que la amnistía fue negociada directamente con el expresidente catalán Carles Puigdemont como ‘moneda de cambio esencial’ para la investidura de Sánchez.
La proposición insta al Congreso a admitir que la motivación detrás de la elaboración, tramitación y aprobación de la Ley de amnistía y el cambio de criterio del Gobierno fue obtener el apoyo de ciertos partidos políticos, cuyos líderes se beneficiaron de la misma y participaron en su redacción, para la investidura de Pedro Sánchez.