QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
En un esfuerzo por asegurar la equidad territorial y extender la operatividad de las centrales nucleares en toda España, el Partido Popular ha desafiado al Gobierno central, criticando su gestión de la política energética que, según ellos, «no puede mercadearse al dictado de los pactos de Pedro Sánchez para sobrevivir en Moncloa». En respuesta, han introducido una moción en la Asamblea Regional de Murcia.
María Casajús, diputada del PP, ha expresado su descontento con la actitud del presidente Sánchez, acusándolo de «estar dispuesto a cualquier cosa por aferrarse al poder, incluso a trocear la política energética y convertirla en parte del pastel que reparte a sus socios independentistas». Casajús ha destacado cómo Murcia ha sido marginada en la distribución de recursos, especialmente en lo que respecta al mapa nuclear y a las inversiones para el sistema eléctrico nacional.
«Primero nos atropellaron en el reparto de la capacidad eléctrica, dejando fuera a la Región de Murcia. Ahora, directamente nos pretenden trocear el mapa nuclear», lamentó la diputada, calificando la situación de «una planificación sectaria, arbitraria y desigual que agrava aún más el riesgo de apagones y debilita el desarrollo industrial». Casajús ha criticado duramente al secretario general de los socialistas, Francisco Lucas, por justificar inversiones en otras áreas mientras «a la Región la dejan sola».
La moción presentada busca no solo la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares sino también una política energética fundamentada en criterios técnicos y de seguridad, alejada de intereses partidistas. «La energía nuclear es esencial para garantizar la seguridad energética, la competitividad industrial y la estabilidad del sistema eléctrico nacional, especialmente en zonas como Escombreras», enfatizó Casajús.
Finalmente, la propuesta del PP solicita al Gobierno de España «revisar el calendario de cierre de las centrales nucleares, eliminando criterios ideológicos en favor de criterios técnicos y de seguridad; adecuar la carga fiscal de la energía nuclear a los niveles del resto de países miembros de la UE, para garantizar su viabilidad; y evaluar el impacto económico y medioambiental del cierre programado de estas centrales».
