El Senado se prepara para validar este miércoles una nueva confrontación de competencias con el Gobierno y el Congreso, promovida por el PP en respuesta al ‘veto’ del Ejecutivo de Sánchez a ciertas modificaciones en la Ley de Movilidad Sostenible. Este acto podría derivar en una disputa ante el Tribunal Constitucional.
Tal como figura en la agenda del Pleno del Senado de este miércoles, se anticipa la aprobación de este conflicto institucional, desencadenado por la mencionada ley.
Este será otro enfrentamiento entre el Senado y el Congreso siguiendo la línea de otros desacuerdos previos relacionados con la Ley de Amnistía, los Presupuestos Generales del Estado o modificaciones a diversas normativas.
El PP, aprovechando su mayoría en el Senado, planea aprobar este enfrentamiento durante el Pleno de este miércoles. Posteriormente, la propuesta será enviada al Congreso y al Gobierno.
El Congreso y el Gobierno dispondrán de un mes para responder a este conflicto de competencias, pudiendo también optar por no responder, lo cual se considerará como resuelto. De recibir una respuesta negativa, el Senado evaluará si eleva la cuestión al Tribunal Constitucional.
POR TRES ENMIENDAS
Este conflicto se origina en el proceso de aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible en el Senado. El PP logró incluir varias enmiendas, que después fueron ratificadas por el Congreso, aunque el Gobierno rechazó algunas alegando impacto en el equilibrio presupuestario.
Las enmiendas clave en este conflicto son la 118 y la 148, que añaden un artículo 61 bis y una disposición transitoria undécima al proyecto de ley. El artículo 61 bis, vetado por el Gobierno, establece que anualmente se asignarán fondos del Presupuesto General del Estado para promover la movilidad sostenible, excluyendo el ámbito urbano e interurbano. Estos fondos se destinarían a proyectos de inversión para desarrollar infraestructuras de recarga pública y renovación de flotas para su descarbonización, mediante exenciones fiscales y subvenciones.
La disposición transitoria undécima indica que si la ley impone nuevas obligaciones a contratistas de servicios públicos, deberán preverse compensaciones por los costes adicionales generados.