El Partido Popular, aprovechando su mayoría absoluta en el Senado, ha aprobado una proposición de ley que pretende modificar el Código Penal para que dejar de suministrar servicios básicos a una propiedad ocupada sin permiso no se catalogue como un delito de coacciones. Esta medida fue aprobada el pasado miércoles.
La propuesta ahora deberá ser evaluada por el Congreso de los Diputados, que tiene la opción de rechazarla o aprobarla, permitiendo su continuación en la Cámara Alta.
La modificación que sugieren los ‘populares’ consiste en añadir un apartado al artículo 172.1, que trata sobre la ocupación ilegal, para establecer claramente que la interrupción de suministros en una vivienda ocupada ilegalmente “en ningún caso puede ser considerada delito de coacciones”.
De acuerdo con la exposición de motivos de la proposición de ley, que ha sido revisada por Europa Press, el PP argumenta que ya existe un respaldo legal basado en una decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona que justifica que los propietarios corten los suministros a los ocupas sin que esto constituya un delito de coacciones.
“La interrupción de los suministros avalada por la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona puede marcar un precedente en la lucha contra la ocupación ilegal”, celebra el PP. Además, señalan la necesidad de esta reforma para “clarificar criterios y que se pueda aplicar legalmente en toda España”.