QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Utilizando su mayoría en el Senado, el PP procederá este miércoles a aprobar un conflicto de atribuciones contra el Gobierno, que podría terminar siendo llevado ante el Tribunal Constitucional (TC). El objetivo es forzar al Ministerio de Hacienda a someter a consideración de las Cortes el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026.
Según la agenda del Pleno del Senado a la que ha tenido acceso Europa Press, se incluye la propuesta del PP de presentar un nuevo conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional en relación con los presupuestos del próximo año.
Este sería el séptimo conflicto institucional promovido por el PP en el Senado, y es la primera vez en esta legislatura que se presentan choques de este tipo.
Bajo el actual procedimiento, la mayoría del PP en el Senado asegura que este nuevo enfrentamiento será aprobado, la Cámara lo asumirá y será enviado al Gobierno.
El Ejecutivo dispone de un mes para responder desde que recibe la notificación del conflicto de atribuciones. Puede optar por no responder, considerándolo resuelto. Si la respuesta es negativa o no hay respuesta, el Senado decidirá si lleva el caso al Tribunal Constitucional.
ES UNA «OBLIGACIÓN» DE LA CONSTITUCIÓN
En el documento del conflicto, el PP sostiene que el Senado «no debe admitir ni tolerar el incumplimiento» del mandato constitucional que obliga al Gobierno a elaborar los presupuestos.
Además, los ‘populares’ denuncian la «práctica fraudulenta» de alterar el presupuesto «al margen del Parlamento» debido a la ausencia de presupuestos, lo que consideran «contrario al principio de legalidad presupuestaria».
«La situación actual, prevista para 2026, en la que se prorrogarían los presupuestos de 2023, solo es comparable a la de 2020, cuando se prorrogaron los de 2018 debido a la crisis del COVID-19, que impidió presentar el proyecto de ley correspondiente», argumenta el PP.
El partido afirma que actualmente «no hay justificación válida» para no presentar los presupuestos, «salvo la incapacidad de alcanzar un acuerdo con las fuerzas parlamentarias necesarias para asegurar su aprobación».
«Y es evidente que las razones políticas no pueden ser utilizadas para justificar la omisión del cumplimiento por parte del Gobierno de obligaciones constitucionales, impidiendo que el Senado pueda ejercer su función presupuestaria», concluye el documento.
