Desde la dirección del PP, liderada por Alberto Núñez Feijóo, se han establecido directrices claras para sus representantes a nivel autonómico con el fin de intensificar las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez, haciendo énfasis en los escándalos de corrupción como el ‘caso Koldo’. La estrategia busca ‘amplificar el desgaste’ del presidente, centrándose en las implicaciones para su esposa y su hermano en distintos casos de corrupción. Además, se ha advertido a los miembros del partido de evitar caer en las ‘trampas’ del PSOE, que intenta desviar la atención hacia temas como el conflicto en Gaza o la legislación sobre el aborto.
“Vamos a intentar llevar la corrupción del PSOE a todo el territorio nacional, no solo en las páginas de nacional sino también en las de cada provincia”, comunicaron desde el equipo de Feijóo a Europa Press, destacando la necesidad de que los parlamentos autonómicos reflejen la ‘debilidad’ del gobierno actual.
Esta semana, Miguel Tellado, secretario general del PP, reunió a los portavoces parlamentarios autonómicos del grupo en Madrid, enfatizando la importancia de coordinar acciones y mantener la unidad en el partido, especialmente en torno a temas como la corrupción y el ‘infierno fiscal’ atribuido al gobierno de Sánchez. “Identificar prioridades y buscar sinergias es lo razonable”, indicaron fuentes del partido, que actualmente tiene el control en 14 comunidades y ciudades autónomas.
Durante la semana, un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reveló pagos a José Luis Ábalos relacionados con el ‘caso Koldo’ sin justificación documental, lo que provocó que el presidente del PP comentara: “Sí, Sánchez va a acabar mal” al conocer el informe.
El enfoque de ‘Génova’ es claro: no dar tregua a Sánchez y hacer que la percepción de su gobierno como ‘acorralado’ por la corrupción se extienda por toda España. “Sánchez ha convertido la Moncloa en la cueva de Alí Babá, un centro de negocios para su mujer y una madriguera para su hermano”, declaró Tellado, enfatizando que se enfrentan a un gobierno ‘agotado’ y ‘dividido’ que no ha presentado los Presupuestos Generales del Estado (PGE).