El Partido Popular ha introducido en el Congreso una propuesta para instaurar un registro nacional de pirómanos y para establecer la «obligación» de que estos usen pulseras telemáticas para mantenerlos bajo vigilancia.
Esta proposición no de ley, que el PP desea debatir y aprobar en el Pleno del Congreso, ya ha sido aprobada por la Mesa de la Cámara y se espera su inclusión en una futura sesión plenaria.
SÓLO LOS CONDENADOS EN FIRME
La iniciativa solicita al Gobierno que «impulse la creación de un Registro Nacional de Pirómanos, que permita identificar y centralizar los datos de todas las personas condenadas en firme por delitos relacionados con incendios forestales, con el fin de mejorar la prevención, la vigilancia y la coordinación entre administraciones».
Según el documento, que ha sido difundido por Europa Press, se propone «regular la obligación de portar pulseras telemáticas de geolocalización para los condenados por incendios forestales que cumplan penas en régimen abierto, libertad condicional o tras su excarcelación, especialmente durante los meses de mayor peligro de incendios, reforzando así las garantías de seguridad y protección del medio ambiente».
La aplicabilidad de esta obligación incluso después de cumplir la condena ha levantado preocupaciones de constitucionalidad entre algunos expertos judiciales y la ministra de Defensa, Margarita Robles, como mencionó en su intervención en el Senado.
Desde el PP se argumenta que «antes de hablar de un Pacto de Estado por la Emergencia Climática, el Gobierno debe centrarse en lo urgente y en lo importante, que es destinar todos los recursos y tomar las medidas necesarias en materia de prevención y adaptación de los territorios más vulnerables para hacer frente a los incendios».
HACE FALTA UNA RESPUESTA «CONTUNDENTE»
Se reconoce que, aunque algunos incendios surgen por causas naturales o accidentales, es particularmente preocupante el porcentaje de incendios provocados intencionadamente. La necesidad de una respuesta firme frente a estos actos es una demanda social.
El PP resalta que la ausencia de un registro nacional de condenados por incendios forestales dificulta una coordinación efectiva entre administraciones y genera brechas en la prevención. «España no puede permitirse una política de inacción frente a la amenaza de incendios forestales. La protección de nuestros bosques, la biodiversidad y las comunidades rurales exige valentía legislativa y medidas contundentes».