QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Partido Popular (PP) ha redoblado esfuerzos para que Francina Armengol, presidenta del Congreso, suspenda el desembolso de una indemnización de 19.000 euros a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE. Esta suma, que proviene de la Cámara Baja, se le debe por su antiguo cargo y en el marco del régimen de protección social para exdiputados.
Representantes del PP han indicado que este jueves presentarán una nueva petición a Armengol, continuación de una anterior del 21 de junio, con el objetivo de evitar que se realice el pago a Cerdán, quien recientemente fue encarcelado siguiendo una resolución del Tribunal Supremo por presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
El descubrimiento de que Cerdán ha sido propietario del 45% de Servinabar desde 2016, una empresa presuntamente vinculada a la trama Koldo, es considerado crucial por el Grupo Popular en el Congreso. «La confirmación de este hecho, ocultado por Cerdán, le habría impedido ejercer como diputado ya que significaría el incumplimiento de la normativa en materia de incompatibilidades y de declaraciones sobre actividades y bienes», denunciaron desde el equipo de Alberto Núñez Feijóo.
Por estos motivos, y considerando la «especial situación procesal del exdiputado», el PP ha reiterado su solicitud a Armengol para que envíe al Tribunal Supremo tanto las declaraciones de actividades y rentas e intereses económicos que figuran en el registro de intereses de la Cámara, como la petición de indemnización por cese de Cerdán, para su posible inclusión en el expediente judicial o para iniciar procedimientos si el magistrado lo estima necesario.
UNA INDEMNIZACIÓN DE 19.000 EUROS
Santos Cerdán, quien dimitió de su cargo tras la divulgación de un informe de la UCO que le vincula con la supuesta red de comisiones de Koldo García y José Luis Ábalos, está autorizado a recibir casi 19.000 euros por sus más de seis años como diputado. De acuerdo con el régimen de protección social de los parlamentarios, tras renunciar al escaño, los diputados pueden solicitar una indemnización equivalente a un mes de salario por cada año de servicio, con un límite de veinticuatro meses.
El pasado 20 de junio, Cerdán acudió al Congreso para completar varios trámites relacionados con su renuncia, incluyendo la solicitud de la mencionada indemnización de 19.000 euros.
