La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha reclamado una modificación del reglamento penitenciario a raíz de “las liberaciones de etarras” que, a su entender, responden al “pacto político” entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Bildu.
La respuesta de la dirigente 'popular' llega un día después de conocerse que el preso de ETA Ángel Tellería Uriarte ha accedido a un régimen de semilibertad mediante la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite suavizar el cumplimiento de la pena. De este modo, podrá abandonar el centro penitenciario de Zaballa de lunes a viernes, aunque deberá dormir en la prisión.
El pasado miércoles, durante el Pleno del Congreso, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya arremetió contra el Ejecutivo por su política penitenciaria y por la concesión de la semilibertad a la exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', condenada a “más de 600 años por más de una decena de crímenes”. “Eso fue 'Anboto' esta semana, para celebrar la guerra, supongo. Después, en febrero, lo de Txeroki. En abril, ¿será Txapote, señoría?”, preguntó a Sánchez.
“Ejemplo de corrupción política y moral”, según Gamarra
Tras conocerse la situación de Tellería, Gamarra ha calificado la decisión como una “nueva cesión a Bildu por parte del sanchismo”. “Otro etarra sale de la cárcel por decisión del Gobierno vasco. Exigimos el cambio del Reglamento Penitenciario”, ha afirmado, subrayando que “las liberaciones de etarras no se pueden producir en función del interés personal de Sánchez”.
En declaraciones a Europa Press, ha recalcado que “esto forma parte del pacto político” entre Sánchez y Bildu y que constituye, a su juicio, el “mayor ejemplo de corrupción política y moral del sanchismo” porque “ha convertido la política penitenciaria en un instrumento a su servicio para afianzar acuerdos y poder cumplir compromisos”.
Gamarra ha recordado que en la anterior legislatura se impulsó una “política de acercamientos” de presos de ETA y que “el segundo hito fue la cesión de la competencia en materia penitenciaria al Gobierno vasco”. En ese marco, ha añadido, se están autorizando terceros grados y otros beneficios penitenciarios.
“Nosotros lo que defendemos es sin arrepentimiento y sin colaborar con la justicia no pueden acogerse a beneficios penitenciarios de esta manera tan arbitraria”, ha sostenido la dirigente del PP, remarcando además que siguen pendientes de esclarecerse “400 asesinatos de ETA sin resolver”.
Tras insistir en que se trata de “terroristas condenados con una cantidad de años importante”, Gamarra ha reiterado que estas decisiones ponen de manifiesto la “utilización de la política penitenciaria como un instrumento para la corrupción política”. “Es para un beneficio político propio, no del país”, ha enfatizado.
Iniciativa del PP en el Congreso para endurecer la ley
El PP ya ha registrado en el Congreso una proposición no de ley con la que pretende que el Gobierno impulse una reforma legal destinada a garantizar que los condenados a prisión permanente revisable no puedan acceder a ningún tipo de beneficio penitenciario.
Los 'populares' promovieron esta iniciativa tras la aplicación al etarra Garikoitz Aspiazu Rubina, conocido como 'Txeroki', del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que posibilita flexibilizar la ejecución de la condena combinando el segundo grado con rasgos del tercero, es decir, un régimen de semilibertad.
Para el PP resulta “inadmisible” que esta interpretación de la normativa penitenciaria “burle”, a través de la forma de ejecución de la pena, la regla de cumplimiento efectivo de las condenas fijadas por los tribunales.
Aunque subraya que estos etarras no fueron sentenciados a prisión permanente revisable —una figura penal introducida en 2015—, esta situación ha llevado al partido a reclamar cambios en la legislación penitenciaria en lo relativo al acceso a beneficios para quienes cumplen esta pena.
Por ello, el PP aprovecha esta proposición —en la que insta al Gobierno a promover una reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria para incluir una regulación “específica y diferenciada” de la prisión permanente revisable— para plantear también un cambio legal que impida que los condenados por terrorismo puedan acogerse a un modelo de ejecución de la pena que mezcle elementos propios del segundo y del tercer grado.