La regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno en el último Consejo de Ministros ha dado pie a que el PP recupere para la actualidad política la llamada Ley de Nietos —el mecanismo de acceso a la nacionalidad española incluido en la Ley de Memoria Democrática—, que entró en vigor en octubre de 2022 y que se ha convertido en una de las mayores ampliaciones del derecho a la nacionalidad en la historia reciente de España, tanto por volumen de solicitudes como por alcance generacional.
Mezclando en su discurso ambas medidas, esta semana, en un acto de campaña de las elecciones de Aragón, el líder nacional del partido, Alberto Núñez-Feijóo, acusó a Pedro Sánchez de querer “alterar el censo” del país con decisiones que, según los populares, tienen un trasfondo electoral.
Sin embargo, el impacto real de una y de otra no es idéntico ni automático, ni desde el punto de vista jurídico ni desde el demográfico.
Según distintas estimaciones, la regularización de migrantes afectará a una horquilla de entre 500.000 y 800.000 personas que ya estarían viviendo en España en situación administrativa irregular. Por otra parte, y según datos oficiales y estimaciones consolidadas, más de dos millones y medio de personas (unas 500.000 solicitudes admitidas a trámite y 300.000 nacionalizaciones ya concedidas) han solicitado o iniciado trámites para adquirir la nacionalidad española mediante la puerta de entrada que les brinda le la Ley de Nietos.
Dos medidas distintas, una crítica común
La regularización de migrantes otorga permisos de residencia y trabajo, pero no concede nacionalidad ni derechos políticos, y afecta a personas que ya viven en España en situación administrativa irregular.
En cambio, la Ley de Nietos, incluida en la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 a iniciativa del Gobierno de coalición (PSOE y Unidas Podemos), concede la nacionalidad española de origen a hijos y nietos de españoles exiliados o privados de su nacionalidad durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Pese a ello, el PP -y también Vox- han enmarcado ambas medidas en un mismo relato crítico sobre gestión migratoria, nacionalidad y demografía.
¿Alteran el censo? La clave está en distinguir
El núcleo del debate está en qué censo se ve afectado tanto por el real decreto regulatorio de migrantes como por la Ley de Nietos.
Censo de población (padrón)
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La regularización no incrementa la población real, ya que regulariza a personas que ya residen en España, aunque sí puede mejorar su registro estadístico.
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La Ley de Nietos, por su parte, solo afecta al padrón si los nuevos nacionales deciden trasladarse a España y empadronarse. Obtener la nacionalidad no implica residencia automática.
Censo electoral
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La regularización no tiene ningún impacto en este sentido al no conceder nacionalidad.
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La Ley de Nietos amplía el número potencial de ciudadanos españoles, pero no altera de forma inmediata el censo electoral:
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Los nuevos nacionales deben inscribirse expresamente en el CERA (residentes en el extranjero) o en el censo en España.
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La participación del voto exterior es históricamente baja.
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En términos estrictos, no hay una alteración inmediata del cuerpo electoral, aunque sí una ampliación potencial a medio y largo plazo, tanto en el caso de la ley de nietos como en el de la regularización.
El argumento del PP
Aunque en un primer momento el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sostuvo que ambas medidas formaban parte de una estrategia del Gobierno para modificar el censo y generar efectos políticos, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial de los populares, Alma Ezcurra, matizaba este viernes en Radio Nacional que, aunque el Gobierno habría aprobado la regularización por “clientelismo político”, sus efectos electorales sólo se podrían notar en el largo plazo, mucho después de finalizar el actual ciclo político.
Aún así, los populares critican tanto la regularización de migrantes como la Ley de Nietos por los siguientes motivos:
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Que la nacionalidad se utilice como instrumento de reparación histórica.
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La concesión de ciudadanía sin exigir arraigo ni residencia previa.
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La falta de una memoria económica suficiente, especialmente ante el colapso consular provocado por la ley de nietos.
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El riesgo de decisiones con impacto demográfico sin consenso de Estado.
Desde el Gobierno se ha replicado que confundir nacionalidad con regularización es jurídicamente incorrecto y que ninguna de las dos medidas introduce cambios electorales a corto plazo.
Un debate más político que técnico
La polémica suscitada refleja dos concepciones opuestas: para el Gobierno, tanto la regularización como la ley sirven para ordenar la realidad migratoria y reparar injusticias históricas; para el PP, con ellas se altera el concepto de ciudadanía y se posibilitan efectos demográficos sin consenso.
La afirmación del PP de que ambas medidas “alteran el censo” solo es parcialmente cierta: ninguna modifica de forma inmediata el censo electoral, aunque la Ley de Nietos sí amplía el universo potencial de ciudadanos españoles a medio plazo.
Naturaleza jurídica: nacionalidad vs. permiso administrativos
La Ley de Nietos y la regularización de migrantes no están en el mismo plano jurídico: una crea ciudadanos; la otra regulariza situaciones administrativas.
Ley de Nietos
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Concede nacionalidad española de origen.
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Se basa en el ius sanguinis (derecho de sangre).
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Reconoce un derecho vinculado a la condición de descendiente de españoles.
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No exige residencia ni estancia previa en España.
Regularización de migrantes
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Otorga autorización administrativa de residencia y trabajo, no nacionalidad.
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Se basa en la situación de hecho (presencia irregular prolongada).
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No genera ciudadanía ni derechos políticos.
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Es temporal y condicionada, revisable y revocable.