En una reciente sesión en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular ha insistido en la necesidad de rescindir el acuerdo con la firma china Huawei, mientras que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido la seguridad de las escuchas judiciales a través del sistema Sitel frente a posibles interferencias externas.
“Los contratos con Huawei se limitan exclusivamente a lo que sería el establecimiento, el almacenamiento o el alquiler de un armario sin conexión ni contacto, es decir, no hay ni gestión ni disposición de ninguno de los datos”, explicó Marlaska al diputado del PP Rafael Hernando.
El PP ha manifestado preocupación, compartida por socios de la UE y de la OTAN, sobre el contrato de 12 millones con Huawei. No obstante, Marlaska ha subrayado la revisión que realiza el Centro Criptológico Nacional (CCN), asegurando que todo está “perfectamente monitorizado”.
Marlaska recordó que este contrato data de 2012, bajo el mandato del PP, y mencionó que países como Bélgica, Holanda, Francia e Italia tienen acuerdos similares. “La seguridad en materia de comunicaciones e interceptación es una máxima, se realiza a través de Sitel y está gestionada en todo momento bajo la tutela de los tribunales españoles”, afirmó el ministro.
EL PP APUNTA A ZAPATERO Y “ALTAS ESFERAS”
Hernando ha cuestionado las justificaciones del Gobierno y ha comparado confiar en una empresa china con “poner al zorro a cuidar las gallinas”. Además, ha conectado el contrato de Huawei con influencias en “altas esferas del Gobierno”, mencionando a exdirigentes socialistas y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien ha descrito como “su lobbista principal”.
“Ahora queda saber quién es el comisionista”, indicó Hernando en el Congreso, advirtiendo a Marlaska sobre los posibles riesgos legales. Por su parte, Marlaska respondió tranquilo, recordando que es otro ministro del PP, Jorge Fernández Díaz, quien enfrenta acusaciones serias de corrupción. “No seré el ministro imputado ni el ministro que ha utilizado a las fuerzas de seguridad para espiar al contrincante político y para devaluar los valores democráticos”, concluyó.











