El PP ha dado este miércoles en el Pleno del Senado un nuevo paso en su pulso institucional con el Gobierno por las reiteradas ausencias del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en las sesiones de la Cámara Alta, poniendo en marcha el procedimiento para que este conflicto de atribuciones, el primero contra un presidente del Gobierno en la historia democrática, pueda terminar en el Tribunal Constitucional.
En la votación celebrada este miércoles, los senadores del PP han contado, como es habitual, con el respaldo de Vox y UPN, mientras que el PNV ha optado por la abstención y el PSOE ha votado en contra. El resto de grupos ha decidido no intervenir en la votación.
Los 'populares' reprochan a Sánchez que no asistiera al Pleno extraordinario de hace dos semanas en el Senado, pese a que estaba convocado para informar sobre el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). El PP había hecho valer su mayoría para forzar la presencia de Sánchez y del ministro de Transportes, Óscar Puente, en un Pleno extraordinario.
No obstante, el Gobierno decidió que fuera el responsable de Transportes quien acudiera en representación del Ejecutivo, recordando que Sánchez había solicitado comparecer en el Congreso el próximo 11 de febrero para abordar esta cuestión.
De hecho, el presidente del Senado, Pedro Rollán, remitió una carta al jefe del Ejecutivo en la que le avisaba de “consecuencias jurídicas” en caso de ausentarse.
El presidente del Gobierno debe comparecer una vez al mes en el Senado, según el Reglamento
El PP modificó hace unos meses el Reglamento del Senado para imponer la obligación al presidente del Gobierno de comparecer ante la Cámara Alta una vez al mes. Sin embargo, Sánchez alcanzará en marzo de 2026 dos años sin someterse al control del Senado.
Por este motivo, los 'populares' han promovido un nuevo conflicto de atribuciones, el enésimo choque institucional impulsado por el PP en el Senado, esta vez centrado en las ausencias de Pedro Sánchez en la Cámara Alta.
El Gobierno dispone de un mes para responder
De acuerdo con el procedimiento, el PP ha sacado adelante este conflicto con el Gobierno en el Pleno del miércoles. Así, la Cámara Alta lo asume como propio y lo enviará formalmente al Ejecutivo.
El Gobierno dispone de un plazo de un mes para responder desde que reciba el planteamiento del conflicto de atribuciones, aunque también puede optar por no contestar y darlo por zanjado.
En ese escenario, o si la respuesta es negativa, el Senado deberá decidir si remite finalmente el caso al Tribunal Constitucional o si decide no continuar con el trámite.