La vicesecretaria general de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha manifestado preocupación por el deterioro institucional que representa, a su parecer, que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, acusado por el Tribunal Supremo y a la espera de juicio, pueda instruir a los fiscales que le interrogarán y participe la próxima semana en la Apertura del Año Judicial que estará presidida por el Rey.
Un fiscal general que debe acudir a declarar como investigado no puede al mismo tiempo dirigir con autoridad moral a quienes cada día actúan en los tribunales en defensa de la ley –sostiene–. ¿Se atreverá un fiscal subordinado a incomodarle durante su interrogatorio en el juicio oral? ¿Buscará este fiscal en el juicio defender la legalidad vigente cuando la Constitución le establece que está sujeto al principio de dependencia jerárquica?
En la Diputación Permanente del Congreso, Gamarra también ha interrogado a los socialistas sobre si consideran apropiado que se inicie el año judicial con un fiscal general imputado, no sólo sentado en primera fila, sino tomando la palabra ante el Rey, ante el Consejo General del Poder Judicial y ante la sociedad española.
MENSAJE DE DEGENERACIÓN AL MUNDO
La apertura del año judicial no es un acto meramente protocolario, es un mensaje al país y al mundo de que nuestras instituciones están limpias y son dignas de respeto –ha añadido–. ¿Y qué mensaje se lanzará este año si el Gobierno sigue insistiendo en mantener en el cargo a quien la justicia investiga? Será un mensaje de deterioro democrático, de degeneración.
Por esta razón, el PP ha solicitado la comparecencia urgente en el Congreso del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, a quien emplazan a exigir a García Ortiz que renuncie: El fiscal general debe dimitir y quien lo nombró es quien debe de exigírselo en primer lugar, ha insistido la dirigente ‘popular’.
La solicitud de comparecencia ha sido apoyada por la portavoz de Vox, Pepa Millán, quien opina que el fiscal general es un peón más de la trama corrupta de Moncloa. Según ella, el Gobierno pretende terminar de dinamitar el Estado de Derecho para transformarlo en un botín y un Estado de privilegios al servicio de las más altas esferas.
En contraposición, el socialista Francisco Aranda ha defendido la inocencia de García Ortiz, seguro de que la causa acabará en nada, y ha criticado al PP por tener una obsesión enfermiza con la Fiscalía General, atribuyéndolo a sus investigaciones de la Justicia sobre cargos ‘populares’ y los más de 20 casos pendientes.
Esto no va, ni nunca ha ido, del fiscal general del Estado, esto va de poder, ha declarado, achacando al PP una estrategia de persecución política y mediática sustentada en una colección de bulos, insultos y difamaciones con un patrón muy claro: deshumanizar, esparcir barro. En definitiva, ensuciar que algo queda, ha concluido.
También Enrique Santiago, portavoz de Justicia de Sumar, ha pedido dejar en paz a los fiscales que se dedican a perseguir delincuentes, y ha criticado al PP por algunas de las investigaciones judiciales que le afectan, como el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso o la imputación del exministro Cristóbal Montoro por tráfico de influencias.
El PNV, a través de su portavoz adjunto, Mikel Legarda, también ha cuestionado la postura del PP al considerar pruebas poco sólidas para la implicación del fiscal general y se ha alineado con el voto particular del juez de la sala de apelaciones del Supremo que se opuso al procesamiento del fiscal general.